
El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos en el caso Lava Jato.
El juez Jorge Chávez Tamariz, por otro lado, rechazó el pedido de la Fiscalía para que se le impida a Villarán comunicarse con testigos y coacusados en su juicio.

Cabe añadir que aparte de Villarán hay otros 17 implicados, entre ellos, exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima como Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Zevallos y Freddy Chirinos. Asimismo, se revisará el pedido de prisión preventiva para Mario Ruas, quien se encontraría en México.
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Juicio de Susana Villarán: ¿de que la acusa el Ministerio Público?
La Fiscalía argumenta que existe riesgo de fuga y peligro procesal, por lo que solicita asegurar la presencia de los investigados durante el desarrollo del proceso judicial. En el caso de Villarán, además, se plantea la acumulación de nuevas reglas de conducta a las ya vigentes, con miras al inicio del juicio oral programado para el 23 de septiembre.
Según la tesis fiscal, las campañas del “No a la revocatoria” (2013) y la reelección municipal (2014) habrían recibido millones de dólares en aportes irregulares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, a cambio de favorecerlas en licitaciones de obras públicas.
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Villarán, quien enfrenta un pedido de 29 años de prisión, ha negado haber recibido dinero ilícito y ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia. En declaraciones a RPP, también expresó su preocupación por los recientes ataques de colectivos radicales tras la muerte de su exgerente general, José Miguel Castro, ocurrida el pasado 29 de junio en su domicilio.
“Un grupo de ‘La Resistencia’ está en las afueras de mi hogar lanzando arengas y gritos violentos, llamándome asesina e infundiendo temor, que es lo que quieren”, dijo.