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La Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el habeas corpus presentado por la defensa de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, que buscaba revertir la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra argumentando una supuesta vulneración al debido proceso.
En su resolución, consideró que la supuesta afectación que argumenta Villarán es irreversible, pues existen etapas de revisión y que "en este mismo proceso se fijará la relación procesal entre el imputado, delito y agraviados".
“[…] Lo peticionado por la recurrente no tiene sustento constitucional, ya que las resoluciones tanto del órgano jurisdiccional y fiscal se han emitido respetando el séquito procesal, y en este proceso por ahora no pueden estimarse ni son asertivos o transgreden normas y principios constitucionales, ciertamente afectan su libertad, pero regulado en un plazo y en reiteradas oportunidades ha establecido que el derecho a la libertad no es un derecho absoluto, es decir susceptible de ser limitado en su ejercicio”, refirió.
"Sin embargo es claro que las eventuales restricciones que se pueden imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretenda limitar su ejercicio, de esta manera la legitimidad de tales restricciones en que ellas deben ser dispuestas con criterio objetivo de razonabilidad y proporcionalidad, a través de una resolución judicial motivada, como es el presente caso", agregó.
El recurso fue presentado contra los jueces Jorge Chávez Támariz, quien ordenó cambiarle la comparecencia con restricciones por la prisión preventiva durante 18 meses, y los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que ampliaron el plazo de detención a 24 meses.
También contra los fiscales Carlos Puma Quispe y Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, quienes dispusieron la acumulación y ampliación de la formalización de la investigación preparatoria contra Villarán.
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La exburgomaestre capitalina demandó a los jueces que resolvieron en su contra y los fiscales que la investigan por presuntos actos de corrupción con las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, y buscaba que se anulen los fallos dictados contra Villarán de la Puente.
El Ministerio Público le imputa a Susana Villarán haber recibido US$3 millones de la empresa Odebrecht y US$7 millones de OAS, con la coordinación de su ex gerente municipal José Miguel Castro, a cambio de favorecerlos en los procesos de licitación de la Municipalidad de Lima.
Cabe indicar que la exalcaldesa de Lima cumple prisión preventiva por los presuntos delitos de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos.
Las dos constructoras entregaron dinero para su campaña contra la revocación del 2013. OAS lo hizo además para su campaña por la reelección en el cargo en el 2014.