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La empresa Lima Expresa S.A.C. (Ex Línea Amarilla) se pronunció en contra del allanamiento a sus oficinas que realizó este martes 23 de mayo la Fiscalía, en el marco de una investigación seguida contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
A través de sus redes sociales, expresaron que el Ministerio Público ejecutó un “allanamiento innecesario, desproporcionado y carente de motivación”. Además, publicaron un comunicado donde informan que la Fiscalía indicó que está buscando información relacionada con el proceso de compra de acciones de LAMSAC, que transfirió INVEPAR en 2016 mediante una licitación internacional.
En ese sentido, explicó que no fue compradora ni vendedora de dicha transferencia de acciones, pues era la empresa objeto de compra. Por tal, resaltó que ellos no tienen no tienen en su poder dicha información y tampoco tiene la obligación legal de tenerla.
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“En consecuencia, Lima Expresa nunca se negó a entregar esa información como temerariamente sostiene la Fiscalía, cuestión no advertida por el Juez que autorizó el allanamiento. Compartimos nuestra preocupación por estas decisiones que debilitan el marco institucional peruano”, se lee en el pronunciamiento.
Finalmente, la empresa invocó a las autoridades del sistema de justicia a que “adopten decisiones mesuradas y en estricto respeto de las garantias constitucionales”, pues remarcó que es la única manera de restituir la confianza empresarial y garantizar la “seguridad juridica y la predictibilidad, que son muy necesarias para la inversión privada de clase mundial”.
Allanamientos
Esta mañana, la Fiscalía allanó las oficina de Lima Expresa, Vinci Highways Perú y el Estudio Echecopar, empresas vinculadas a la investigación contra exalcaldesa Villarán y otros por el caso Línea Amarilla. A ellos se lea realiza indagaciones por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y cohecho pasivo propio.
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“La diligencia se realiza como parte del proceso por presuntos actos de concertación entre exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y los representantes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, que se habrían realizado entre el 2010 y 2015″, informó el Ministerio Público en sus redes sociales al respecto.
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