La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a Aníbal Torres del ejercicio de la función pública.
“Señores congresistas el informe final propuesto sobre la denuncia constitucional 290 ha sido aprobado por mayoría con 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones”, indicó la presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones.
Cabe recordar, que la denuncia constitucional contra Aníbal Torres fue formulada por el parlamentario Jorge Montoya e ingresada el 16 de agosto del 2022 a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por los presuntos delitos de motín, conspiración para una rebelión y omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín y terrorismo.
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Esto luego de que el 11 de agosto en el 2022, bajo el Gobierno de Pedro Castillo, el exjefe del Gabinete exhortara a dirigentes e integrantes de organizaciones sociales, pueblos indígenas y ronderos a movilizarse hacia Lima; además de pedir poner de rodillas a golpistas e impulsar una nueva Constitución.
Ante una supuesta falta al debido proceso en contra de Aníbal Torres, Lady Camones aclaró que la SAC no está infringiendo ninguna norma y que la presencia del exministro en la audiencia no era necesaria.
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“Tenemos la notificación 042 del año 2023 que fue notificada al domicilio del expremier el día 26 de septiembre del 2023. Se le notifica con el contenido de la denuncia. Con fecha 2 de octubre del 2023 el expremier presenta sus descargos a la Subcomisión. Luego se le notifica para la audiencia el día 22 de noviembre a las 10:19 de la mañana. Este es el cargo de la notificación recibida por Rafael Sotelo Ojeda”, precisó.
“Esa misma notificación se le cursó por correo y el señor Aníbal Torres nos responde confirmando recepción del correo que se le cita para la audiencia y él se hace presente en audiencia desarrollada el 28 de noviembre y realiza sus descargos. El día de hoy, de acuerdo a nuestro reglamento, no es necesaria la presencia de quienes están denunciados, así que no se está infringiendo ninguna norma. Estamos siempre en atención a lo que dispone el artículo 89 del Reglamento del Congreso”, añadió.
El informe final será elevado a la Comisión Permanente y, de aprobarse en este grupo de trabajo, pasará al Pleno del Congreso de la República.
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