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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a cargo de Lady Camones, decidió, por mayoría, declarar improcedentes 15 denuncias, por lo que fueron enviadas al archivo. La mayoría de ellas fueron rechazadas porque los denunciantes no eran los directamente agraviados o porque los hechos imputados no configuran los delitos penados por la ley.
Entre estas denuncias se encuentra la presentada contra la legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, a raíz de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, pidió que Bazán sea investigada por presunta apología al delito contra la tranquilidad pública y por usurpación, a raíz de la visita que realizó a la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para entrevistarse con los estudiantes que llegaron del interior del país para protestar contra el Ejecutivo.
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De acuerdo a la asesoría técnica de la subcomisión, no hubo usurpación ni apología contra la tranquilidad, puesto que con la declaraciones públicas de Bazán no se incitó ni se generó disturbios.
La denuncia presentada contra el congresista Guillermo Bermejo también corrió la misma suerte. Chirinos pidió que el legislador de izquierda sea investigado por azuzar las protestas en la región Ica. Producto de estas manifestaciones, se bloquearon varios tramos de la carretera Panamericana Sur, lo que ocasionó disturbios y hasta el deceso de algunas personas.
La secretaría técnica de la subcomisión determinó que “no se ha podido demostrar que las conversaciones que habría tenido Bermejo, vía telefónica, efectivamente llevaron a algún tipo de organización de manifestación o similares”.
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También refiere que las frases proferidas por Bermejo contra Boluarte se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de opinión y que en ellas no se ha encontrado pedidos o exaltación de delitos.
En ambas denuncias, la legisladora de Avanza País pedía la inhabilitación de sus colegas por el plazo de 10 años.
Otras denuncias archivadas
Uno de los personajes más denunciados en este grupo es la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma; sin embargo, la mayoría de estas denuncias fueron archivadas.
En la mayoría de los casos, los acusadores no cumplen con uno de los criterios de procedibilidad porque no son los directamente afectados, como lo establece el Reglamento del Congreso, o porque las imputaciones no constituyen infracción a la Constitución.
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Otras denuncias improcedentes por similares razones corresponden a las presentadas contra los exministros de Justicia, Fernando Castañeda, y de Salud, Pilar Mazzetti.
Al primero se le denunciaba por presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio culposo, lesiones, exposición o abandono peligroso, omisión de socorro y exposición a peligro y omisión de auxilio.
En el segundo caso, la persona que acusa a Mazzetti no es la directamente agraviada.