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El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se encuentra en el ojo de la tormenta. Cuarto Poder reveló ayer que el legislador de Alianza para el Progreso (APP) votó a favor de Ley 31751, que le sirvió para evitar un juicio en el Cusco por el delito de estafa por el que se pedía más de ocho años de prisión.
El dominical añadió que Soto se acogió a los alcances de esta ley, que fue aprobada en el Pleno en mayo, con el respaldo de 88 congresistas, incluyendo su mismo voto.
El 21 de julio pasado, cuando en el Congreso se hacían las coordinaciones para la Mesa Directiva, el juez Carlos Román Gil aplicó los alcances de esta norma en el caso del titular del Parlamento. De esta manera, lo libró de la acusación del Ministerio Público y del pedido de cárcel en su contra.
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Con la norma anterior, el delito de estafa imputado en dos hechos a Soto debía prescribir en octubre de 2027, pero basándose en la nueva ley, el juez determinó que el caso prescribió en octubre de 2022, es decir cinco años antes.
Al respecto, el legislador aseguró que la Ley 31751 no lo ha beneficiado debido a que el proceso penal en su contra, por los presuntos delito de estafa y falsedad genérica, fue declarado prescrito en el 2019 por un juzgado del Cusco.
Según dijo, el caso se sigue viendo en la actualidad porque hay otros involucrados. El proceso se lleva a cabo en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco.
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“Se ha llevado a cabo un proceso penal por una supuesta comisión del delito de fraude en aplicación de personas jurídicas y estafa. En este caso, en el año 2019 el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, respecto de Alejandro Soto, ha declarado prescrita la acción y fundado el sobreseimiento”, apuntó en diálogo con Canal N.
El titular del Parlamento dijo que su abogado no lo desautorizó al utilizar como argumento la Ley 31751 para confirmar la prescripción de la denuncia en su contra.
“Lo que puede decir es que mi abogado, en el ejercicio de mi defensa, no me está desautorizando, sino que está utilizando una norma que a mí no me beneficia en absoluto porque mi caso estaba prescrito hace cuatro años atrás”, acotó.
Finalmente, anunció que una vez se instale la comisión de Ética acudirá voluntariamente al grupo para demostrar con documentos que no hay nada de irregular en esta denuncia presentada en su contra.
“Yo me voy a presentar de motu propio, pero cabría la pregunta: ¿cuál es el delito que he cometido en todo esto?, ¿tener un proceso archivado hace cuatro años es delito?”, se preguntó tras precisar que cualquier persona es susceptible de ser denunciado.
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