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En exclusiva, la doctora Sonia Medina brinda a Gestión un balance sobre las acciones de la Procuraduría Antidrogas a dos años desde que llegó la pandemia a nuestro país.
¿La producción de droga cayó durante el transcurso de la pandemia?
La producción de droga en el Perú no ha bajado con la pandemia de coronavirus. La incidencia del narcotráfico es muy fuerte y afecta la vida nacional. Entonces tenemos que ver cuál es el problema que tenemos como Estado. Pareciera que las políticas públicas que tenemos están escritas en blanco y negro.
¿Cuántas sentencias por narcotráfico se han logrado en los últimos dos años?
Hay sentencias y sentencias. No solo se debe condenar a los narcotraficantes porque hay una flagrancia. Por ejemplo, un tonelaje de droga o porque se capturaron a tres o más personas de la organización criminal, sino es por el delito mismo y lo que implica para la vida. El cumplimiento no es solo penar y ya. El trabajo después es hacer cumplir todo lo que se indica en una pena.
¿Se refiere al pago de la reparación civil?
Sí, lamentablemente, el Estado agraviado en delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y en extinción de dominio.
¿Cuánto han logrado cobrar por reparación civil?
Hay dos conceptos. Una es la reparación lograda y otra la reparación pagada.
¿Cuáles son las diferencias?
Logradas es cuando en la sentencia el juez ordena al condenado a pagar el resarcimiento al Estado, mientras que la reparación pagada es cuando ya el condenado desembolsa el dinero. En reparación lograda tenemos más de S/ 1,500 millones, y en reparación cobrada tenemos S/ 5′131,930 hasta el 2021.
¿Cuáles son los casos con los que han ganado más reparaciones civiles?
En el caso “Artemio”, que fue una dualidad de casos y fue sentenciado por narcotráfico y terrorismo. Le impusieron una reparación civil de S/ 1,000 millones. Ahora hay que preguntarnos si Artemio nos va a pagar esa cantidad. En la vida parasitaria en la que están los reos no se cumplen las políticas carcelarias. Es obvio que no nos pagará un sol. No le alcanzará la vida para pagarnos. Las organizaciones criminales no pagan reparación civil.
¿Y quiénes sí pagan?
Los que pagan son los condenados por procesos más chicos que son micromercializadores. También pagan los que son sentenciados con los beneficios premiales, que son las terminaciones anticipadas. Sin embargo, enfrentamos otro problema en los cobros de reparación civil.
¿A cuál se refiere?
En el gobierno aprista se dictó la Ley 28035, en la que se exonera a los extranjeros del pago de la reparación civil. Cualquier ciudadano que viene al Perú a delinquir sí es sentenciado, pero no paga resarcimiento al Estado. Pero al peruano sí lo tenemos que parar de cabeza para ver qué le sacamos. Estamos buscando revertir esta ley.
