Si bien hoy en día la inseguridad ciudadana es el principal problema que atraviesa nuestro país, la corrupción sigue siendo una piedra en el zapato y las cifras de sentencias contra funcionarios es una prueba de ello.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que solo el año pasado se sentenciaron a 2,078 personas por delitos de corrupción de funcionarios.
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Esto, como resultado de la labor desempeñada por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a nivel nacional.
Entre los 1,569 servidores y funcionarios públicos con mayor número de condenas figuran los gobernadores regionales (23 fallos judiciales), gerentes (169), policías (179), alcaldes (91), entre otros, según se desprende un balance realizado por la coordinación de dichas fiscalías.
En dicho documento se precisa que los delitos más comunes fueron peculado doloso por apropiación, cohecho activo (coima) y negociación incompatible.
“Estos logros, que permiten combatir el abuso del poder para beneficio personal, son el resultado de la incansable labor desplegada a nivel nacional por los fiscales, peritos y personal administrativo que conforman los 150 despachos superiores, supraprovinciales y provinciales, en los 34 distritos fiscales del Ministerio Público”, indicó la Fiscalía.
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Como parte de las investigaciones por corrupción de funcionarios, también se lograron 121 medidas de prisión preventiva y se ejecutaron 67 operativos y megaoperativos a nivel nacional, autorizados judicialmente.
Más de S/ 100 millones de reparación civil
El Ministerio Público también informó que, solo el año pasado, se impuso un total de S/ 100’062,227.56 millones por concepto de reparación civil en favor del Estado, lo que refleja una estrategia integral en la lucha contra la corrupción.
Entre los distritos fiscales con mayor número de condenas se encuentran Cusco-Sede La Convención (90), Lima Norte (88) y Arequipa (56).
“Estos resultados demuestran el compromiso del Ministerio Público para seguir trabajando de manera incansable para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública”, añade el comunicado.
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