SIP reitera que publicidad estatal debe ser distribuida con criterios técnicos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció acerca de los conceptos que deben incluir las leyes que regulan la publicidad estatal en el Perú, luego de las cuatro iniciativas existentes en el Congreso de la República para reformar la Ley 28874 sobre publicidad oficial vigente desde el año 2006, presentadas por legisladores de Alianza para el Progreso, de Acción Popular, Podemos Perú y el Frepap.

A través de un comunicado, la SIP recordó que viene trabajando en contra del uso discriminatorio de la publicidad oficial por parte de los gobiernos, como forma de presión, castigo o premio a los medios de comunicación por sus líneas editoriales.

“La SIP califica esta práctica, condenada por la Declaración de Chapultepec, como censura directa contra de la libertad de prensa y de corrupción pública debido al uso discriminatorio de fondos públicos”, se lee en la misiva.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, indicaron que la norma debe contener una serie de obligaciones para el Estado a fin de garantizar una total transparencia en la adjudicación de publicidad estatal.

“La publicidad estatal debe ser distribuida con criterios técnicos, transparentes y equitativos, y teniendo en cuenta a los medios de acuerdo con el alcance de sus audiencias, geografía y características”.

Barnes y Rock manifestaron que cualquier política pública sobre publicidad oficial debe considerar la profusa literatura desarrollada a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2009 un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la falta de marcos regulatorios adecuados permite que se produzcan los abusos en la distribución de la pauta oficial”.

En el año 2002, los relatores de libertad de expresión de la CIDH y la ONU enunciaron que “los gobiernos y los órganos públicos nunca deben abusar de su custodia de las finanzas públicas para tratar de influir en el contenido de la información de los medios de prensa”.

En 2003, un informe de la Relatoría de la CIDH afirmaba que “la falta de normativa puede crear riesgos de una facultad discrecional excesiva en los órganos que toman las decisiones, (lo) que pueda dar lugar a asignaciones discriminatorias de la publicidad oficial”.

Los directivos tienen esperanza en que estas nuevas iniciativas de los legisladores peruanos respeten y garanticen los principios de transparencia y de libertad de prensa y expresión.