La Procuraduría General del Estado dio por culminada la designación de Silvana Carrión Ordinola como procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht.
A través de un comunicado, la Procuraduría enfatizó que los casos a cargo de dicha procuraduría seguirán atendiéndose oportunamente ni se afectará el cumplimiento de los objetivos de defensa jurídica estatal.
Sin embargo, Carrión aseguró a Convoca que su salida evidencia “injerencia política por parte de algunas autoridades”. Si bien se le quitó la confianza por la naturaleza del cargo, reiteró que se necesitan explicaciones concretas.
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La decisión se da poco después de que la OCDE —frente al que aspira Perú adherirse— recomendara a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, velar por los fiscales y procuradores del equipo Lava Jato para que continúen las investigaciones.
Comunicado sobre Silvana Carrión removida del cargo de procuradora ad hoc Lava Jato.
“Si se trata de resultados, de logros de la procuraduría ad hoc, bajo mi liderazgo, es la que más ha recaudado en reparación civil en la historia en casos de corrupción. No creo que sea por un tema de evaluación de resultados”, mencionó Carrión Ordinola.
Vale acotar que la gestión de Silvana Carrión ha logrado recuperar más de S/ 310 millones en favor del Estado como reparación civil tras sentencias vinculadas a la red de corrupción Odebrecht.
Carrión denuncia presiones de Rafael López Aliaga
En declaraciones al programa Cuentas Claras, de Canal N, Silvana Carrión afirmó que su destitución respondió a presiones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Según detalló, el acta del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE) recoge expresamente los pedidos del burgomaestre para su salida.
“En el acta de Consejo Directivo, se señala que se iban a tratar los pedidos del alcalde López Aliaga respecto a mi destitución. Es promovida por el alcalde y así consta en el documento”, sostuvo Carrión.
La exprocuradora rechazó, además, que existiera un conflicto de interés como argumentó la Municipalidad de Lima. Según mencionó, López Aliaga había cuestionado que Carrión trabajara hace más de una década en el estudio de abogados de César Azabache, que en 2025 asumió la defensa de Brookfield Capital, empresa que controla Rutas de Lima.
“Dejé ese estudio hace 10 años y, por el contrario, desde la Procuraduría nos opusimos a pedidos de Brookfield ante el Poder Judicial, que falló a favor del Estado (...) Esa es una evidencia de que no hay un conflicto de interés. Nuestro interés era defender al Estado”, explicó.
Carrión también reveló que pese a que la Procuraduría ad hoc sí apoyó a la Municipalidad de Lima en el litigio del proceso Discovery en tribunales de Estados Unidos, el alcalde continuó exigiendo su salida. “Esto evidencia una clara injerencia política dentro de las decisiones que está tomando la Procuraduría General del Estado”, subrayó.
Finalmente, la exprocuradora aseguró que la hostilidad del alcalde responde a un trasfondo político. “Su organización, Renovación Popular, está siendo investigada en uno de los casos que tengo a cargo, por lavado de activos vinculado a Odebrecht y OAS (...) Creo que por eso somos incómodos”, concluyó.
