Shack advierte que Contraloría no puede intervenir en casos de congresistas que recortan sueldos

Hasta el momento son seis las congresistas investigadas por recortar el sueldo a los trabajadores de sus despachos, lo que ha ocasionado las críticas desde diversos sectores.

Estas son: Katy Ugarte, Rosío Torres, Heidy Juárez, Magaly Ruiz, María Cordero Jon Tay y María Acuña.

La seis parlamentarias no solo afrontan indagaciones en el Ministerio Público, sino también en la comisión de Ética del Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El caso más grave es el de la legisladora de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, tras conocerse unos audios que acreditarían su responsabilidad en los hechos denunciados.

Pese a la gravedad de todos estos casos, la Contraloría General de la República no puede intervenir. Así lo advirtió el contralor Nelson Shack, tras precisar que estos casos se tratan de un mal manejo de fondos privados y no públicos.

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“Desde la perspectiva legal y constitucional que tiene la Contraloría, ese es un manejo de recursos que no son públicos, porque cuando ‘mochas’ sueldo a un trabajador, ese sueldo ya no es recurso público sino privado. Por lo tanto, la Contraloría no tiene competencia para intervenir ahí”, señaló a RPP.

Si bien Shack dijo que su institución no tiene competencia en estos casos, lamentó que se lleven a cabo estas malas prácticas en el Parlamento.

“El caso de los ‘mochasueldos’ es absolutamente inaceptable. Estamos absolutamente en contra que esto suceda, no puede pasar en nuestro Parlamento”, enfatizó.

Respecto a otros casos relacionados al Congreso, el contralor indicó que se han sostenido reuniones de trabajo con la Oficina de Control Interno (OCI) de dicha institución en el marco de la indagación por las adquisiciones que fueron cuestionadas meses atrás, como los buffets, compras de alfombras y otros pagos.

Funcionarios en la mira

En otro momento, Shack indicó que 845 funcionarios a nivel nacional deberán enfrentar distintos tipos de procesos por no haber tenido un óptimo desempeño frente a la reconstrucción del norte del país.

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“Son más de 845 funcionarios los que han sido imputados con responsabilidades administrativas, civiles y penales sobre los problemas de toda la reconstrucción. No han hecho bien su trabajo y producto de esas situaciones, ahora lo que tenemos es que han habido muchas demoras en la activación rápida de la respuesta ante la emergencia que ha pasado desde el mes de febrero y que hasta la fecha no hay mayores gastos por parte del Gobierno nacional, regional y local. Salvo excepciones, se han demorado mucho en actuar”, cuestionó.

El contralor cuestionó que los gobiernos regionales y locales, al principio, hayan estado esperando que el Gobierno les transfiera recursos para actuar, pese a que estos organismos tenían plata en su presupuesto y tenían que operar de manera inmediata, haciendo las modificaciones presupuestarias y no lo hicieron.

“Hay una serie de procedimientos administrativos que complican enormemente la gestión. Si todos sabemos que las normas están hechas y contienen mucha ineficiencia en la operación, imagínate cómo funciona en la emergencia. Eso colapsa”, apuntó.

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