Pese a las cuestionamientos y pedidos de diversos sectores para que aceleren su proceso de análisis, el gobierno de Dina Boluarte retrasó hasta el último día del plazo legal (15 días) su decisión en torno a la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.
El último lunes, por la tarde (4:00 p.m.), el premier Gustavo Adrianzén anunció a la prensa que observaron la norma y que el documento ya había sido enviado al Congreso; no obstante, dicho poder del Estado desmintió dicha información y precisó que, hasta las 6:18 p.m., no recibía el texto.
El documento con las observaciones del Ejecutivo recién ingresó al Área de Trámite Documentario del Parlamento a las 11:00 p.m. del pasado lunes, lo que generó más indignación.
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Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana aseguró que buscarán acelerar el debate para que se pueda aprobar, antes de marzo, un texto sustitutorio sobre esta norma.
En diálogo con la prensa, informó que le pidió al titular de la comisión de Justicia, Isaac Mita, que convoque a una sesión especial de su grupo a fin de que evalúen las observaciones del Gobierno a la ley.
“Él (Isaac Mita) se ha comprometido a hacerlo. El día de hoy voy a reiterar el llamado, voy a volver a conversar con él, porque tenemos que empezar con el dictamen de la comisión Justicia y luego conversaremos con las bancadas, en caso se vaya por la insistencia, para que haya un pleno extraordinario. Se requieren 78 votos”, acotó.
“De allanarse, podríamos verlo en la Comisión Permanente. Si la Comisión de Justicia opina por la insistencia, tendríamos que convocar un pleno extraordinario”, recalcó.
El legislador de Alianza para el Progreso (APP) reiteró que la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia es importante para la persecución penal, por lo que debe ser aprobada “lo más pronto posible”.
“Considero que este tema es sustancial. Creo que las bancadas tenemos que ponernos de acuerdo”, aseveró.
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También expresó su preocupación por la propuesta recogida por el Gobierno en sus observaciones para retirar la posibilidad de que se apliquen detenciones preliminares en casos de corrupción de funcionarios.
“Coincido en cuanto a la preocupación. La figura de la detención preliminar es un mecanismo cautelar especial y no debería excluir delitos de esa naturaleza que tenemos la obligación de perseguir”, señaló.
Futuro de Giovanni Forno se decidirá la próxima semana
En otro momento, Salhuana informó que Carlos País, director general de administración del Congreso y que tiene vínculos con APP, ha presentado su carta de renuncia al cargo.
“Esperamos que el próximo lunes podamos designar a su reemplazante”, acotó.
En lo que respecta al Oficial Mayor, Giovanni Forno, reconoció que su eventual destitución es un tema aún pendiente de discusión, dado que la Mesa Directiva está incompleta por viajes de congresistas. “Lo veremos la próxima semana”, añadió.
Finalmente, anunció que revisarán la designación de la excongresista fujimorista Alejandra Aramayo como jefa de Comunicaciones del Parlamento. Esto, en atención a un oficio enviado por el Colegio de Periodistas de Lima a su despacho.
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