La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer, por mayoría, el informe final que recomienda acusar e inhabilitar por 10 años de la función pública al expresidente Francisco Sagasti por presuntamente haber pasado a retiro a altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de forma ilegal.
El informe de acusación tuvo el consenso de 18 congresistas, frente a 4 votos en contra y 2 abstenciones. Mientras tanto, el informe de inhabilitación fue aprobado con 22 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.
Al respecto, el abogado del exmandatario, José Ugaz, adelantó que su patrocinado no descarta acudir a la justicia supranacional en caso el Pleno del Congreso, cuando retome funciones en marzo, decida inhabilitarlo por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
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“El presidente nos ha dicho que él se va a someter a todos los procedimientos que establece la ley, a pesar de que sabe que hay un prejuicio establecido, y si las instancias nacionales deciden finalmente sacar adelante una decisión ilegal contra el texto expreso de la Constitución y del Código Penal, queda siempre la justicia supranacional”, sostuvo el último miércoles a RPP.
Respecto a la acusación aprobada contra Sagasti, el también exprocurador anticorrupción recordó que su cliente, cuando ejerció como presidente y jefe supremo de las Fuerzas Policiales, estaba facultado para tomar tales decisiones amparado en el artículo 8 de la Ley de la PNP, que contempla un régimen excepcional al momento en que el jefe de Estado designa al comandante general de dicha entidad.
“En el régimen regular los tres más antiguos compiten para ser elegidos jefe supremo de la Policía. Hay una meritocracia que es evaluada y eso se le propone al presidente. Cuando no funciona ese régimen regular, porque ninguno de los tres a criterio del presidente cumple con los requisitos para poder comandar a las Fuerzas Policiales, se aplica el denominado régimen excepcional”, apuntó.
A su juicio, esto significa que el Sagasti podía optar por un efectivo que no fuera de los tres más antiguos, sino uno que estuviera más abajo en el escalafón.
“Cuando la designación del director general de la Policía recae sobre un oficial general menos antiguo, por debajo de los tres, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional”, añadió.
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Hay un antecedente en el TC
En otro momento, Ugaz negó que el exmandatario haya cometido abuso de autoridad con su decisión, tal como se le pretende atribuir en el Parlamento.
En ese sentido, recordó que el Tribunal Constitucional (TC), en dos sentencias del año 2012 y 2015 por un caso similar, estableció que “está en el ámbito de discrecionalidad del presidente tomar esta decisión fuera de los tres (altos mandos policiales) que están en la cúspide de la antigüedad”.
Además, dijo que el organismo constitucional estipuló que el pase a retiro por esta razón “no es un agravio, no es una sanción, ni perjudica a nadie”.
“Y si no hay perjudicados, no puede haber tampoco delito de abuso de autoridad porque tiene que recaer en un acto que genera un daño a un tercero”, sostuvo el abogado.
De acuerdo a la acusación aprobada en la Comisión Permanente, en noviembre del año 2020 Sagasti emitió resoluciones que dispusieron “arbitraria e ilegalmente” el pase al retiro de tres tenientes generales y a 16 generales de la PNP, además de designar a un nuevo comandante general de la referida institución.
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