Rutas de Lima informó que ha comunicado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) su disposición a entregar de manera “ordenada y pacífica” la concesión de las vías que administra, ante la imposibilidad de sostener su operación debido a la suspensión del cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra.
Según la empresa, desde el 5 de noviembre se encuentra impedida de cobrar peajes, lo que ha provocado que pierda “prácticamente la totalidad” de sus ingresos.
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El 31 de octubre, Rutas de Lima apeló la sentencia judicial que originó la suspensión del cobro; sin embargo, el proceso sigue en trámite sin una resolución que revierta la medida.
La compañía recordó que el 11 de noviembre alertó públicamente que su situación financiera era “insostenible”. Advirtió que, si la medida judicial no se revertía en un plazo de tres semanas, no podría continuar operando las vías concesionadas.
“Hoy, habiendo transcurrido 10 días desde nuestra comunicación anterior, tales medidas no se han revertido”, señaló.
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En este escenario, representantes de la concesionaria se reunieron con funcionarios de la Municipalidad de Lima para abordar la crisis. Durante el encuentro, Rutas de Lima informó que, de mantenerse la suspensión judicial dentro del plazo advertido, procederá a activar un proceso de transferencia que garantice la seguridad e integridad de los usuarios.
Además, precisó que esta disposición no afecta la reserva de “todos sus derechos” frente a los actos y omisiones de autoridades del Estado peruano que, según la empresa, han generado la situación actual.
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La concesionaria indicó que ha comunicado la gravedad del caso a diversas entidades del Gobierno central -entre ellas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior- para que tomen acciones que aseguren la continuidad del servicio y la protección de los usuarios.
Finalmente, la empresa y sus accionistas reiteraron que se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano, en medio de un conflicto que mantiene en incertidumbre el futuro de la concesión y de los servicios viales bajo su administración.
