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En marzo pasado, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó, a través de una sentencia, a la empresa Rutas de Lima (RDL) suspender el cobro de peaje en Chillón (Puente Piedra) por violar el derecho al libre tránsito en dicha zona, debido a la inexistencia de vías alternas. La medida se extenderá hasta que esta situación no se revierta.
Dos meses después, el organismo constitucional, en un auto aclararatorio, determinó que su sentencia ya establece que la responsabilidad de construir las vías alternas recae en la Municipalidad de Lima (MML). Por ende, dicha institución se encuentra en la ineludible obligación de “no dilatar ni ralentizar su construcción”.
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Han transcurrido cerca de seis meses desde la emisión de este auto aclaratorio y, hasta ahora, la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no ha efectuado ninguna acción para acatarla.
Así lo denunció Rutas de Lima en un comunicado, en el que exhortó al Estado peruano a adoptar acciones inmediatas frente a esta situación, “reservándose el derecho a iniciar acciones legales a nivel local e internacional para proteger sus derechos ante el desacato de la MML”.
“A ocho meses de la emisión de la Sentencia del TC y, pese a las reiteradas solicitudes de Rutas de Lima, la MML no ha efectuado acción alguna para la construcción de la vía alterna, tornando en la práctica imposible que la empresa pueda recuperar los recursos que hacen viable la concesión”, advirtieron en el texto.
En ese sentido, alertaron que si el municipio capitalino persiste en su incumplimiento de la sentencia, la drástica reducción de los ingresos de la concesión causarán que la empresa se vuelva financieramente inviable.
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“Rutas de Lima ha continuado prestando ininterrumpidamente los servicios en el Tramo Norte de la concesión, incluyendo la operación y mantenimiento vial, la prestación de servicios de auxilio vial, intervenciones de emergencia, entre otros”, recordaron.
Denuncia hostigamiento por parte de la municipalidad
En otro momento, RDL precisaron que, pese a estar en desacuerdo con la sentencia del TC, han intentado reiteradamente coordinar con la Municipalidad de Lima para concretar las acciones definidas por el organismo constitucional para levantar la suspensión.
Entre otras cosas, informaron que compartieron estudios técnicos que validan la viabilidad técnica de una nueva ruta alterna identificada por la propia MML, respecto de la cual, incluso, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) emitió una opinión favorable.
“De acuerdo a las normas vigentes, la MML es la responsable de que exista la vía alterna; sin embargo, y con pleno conocimiento del daño irreversible que está generando a Rutas de Lima, la municipalidad no toma acción y no ejecuta lo necesario para revertir la situación”, advirtieron.
Añadieron que esta conducta se suma a una larga lista de incumplimientos legales y contractuales y de acciones de “hostigamiento” emprendidas por el municipio de Lima y por López Aliaga en contra de la empresa.
“Esto se da en abierta violación al Estado de Derecho, a la estabilidad jurídica y a la protección de la inversión privada”, cuestionaron.
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