La presidenta Dina Boluarte aún no logra cobrar la indemnización que exigió al Estado tras su tiempo como trabajadora del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El pago, que ronda los S/239,000, ha quedado congelado por decisión judicial hasta que el proceso se resuelva en última instancia, reveló Panorama.
En el 2020, cuando aún no ocupaba la presidencia, Boluarte inició una demanda laboral contra Reniec reclamando pagos por gratificaciones, vacaciones, escolaridad, compensación por tiempo de servicio, beneficios sindicales y otros conceptos. La suma total demandada inicialmente era cercana a S/428,000, pero tras el proceso judicial, el Poder Judicial falló parcialmente a su favor y ordenó el pago de S/239,674 por beneficios sociales y laborales.
MEF la incluye en listado para darle prioridad
Según informó el reportaje, a inicios del 2024 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó a Boluarte en un “listado priorizado” de sentencias judiciales, para que la presidenta recibiera su dinero lo antes posible.
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Sin embargo, Reniec se opuso, pues sostuvo que habían otros trabajadores en lista antes que la mandataria. A eso se suma que ya se había iniciado un proceso de casación.
Posteriormente en abril de 2024, un oficio emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció un error en la gestión del pago judicial y su inclusión en el listado en el listado priorizado para pagos de sentencias judiciales, con un monto de más de S/239,000 por su demanda laboral contra Reniec.
Según se expuso la priorización resultó fuera de la normativa vigente, ya que el expediente no cumplía con los requisitos legales para estar en dicho listado; por ello, tras la revisión. Así el MEF ordenó, mediante el oficio 0276-2024 del 29 de abril de 2024, firmado por Jorge Rivera, la exclusión definitiva del expediente de Boluarte del proceso de priorización de pagos.
El proceso y el candado judicial
A ello se suma que por disposición expresa del Poder Judicial, Boluarte deberá esperar el desenlace de la casación, y en caso de que la Corte Suprema confirme el fallo, recibirá los montos en el orden legal establecido.
De acuerdo con el dominical, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, dispuso, el pasado 30 de abril, que el desembolso a favor de la mandataria no deberá hacerse efectivo hasta que se resuelva la casación que interpuso la entidad.
La resolución establece que “el pago no deberá efectivizarse hasta que se resuelva la casación (...), bajo responsabilidad funcional”, apuntó.
¿Qué dijo el ME?
El MEF rechazó la versión de que sus decisiones obedezcan a presiones de cualquier Índole. “Las acciones adoptadas responden exclusivamente a un análisis técnico y legal realizado por la Comisión Multisectorial, sin injerencias ajenas a lo establecido por ley”, sostuvo.
