Resumen del año: los 12 hechos que marcaron la política este 2023

Este año inició y terminó con dos sucesos en los que estuvieron involucrados dos presidentes de la República. Por un lado, entre enero a marzo se realizaron diversas protestas en Lima y el interior del país en contra del gobierno de Dina Boluarte, que desembocó en varias muertes y heridos, mientras que a inicios de diciembre el exmandatario Alberto Fujimori fue excarcelado tras una resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que fue cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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A lo largo de estos 12 meses hemos sido testigos de diversos casos en los que personajes de la política y funcionarios públicos estuvieron inmersos en investigaciones o polémicas que les costaron el cargo. Tal es el caso del presidente del Congreso, Alejandro Soto, los legisladores denominados ‘mochasueldos’ o la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien fue suspendida en el cargo.

También se produjo un enfrentamiento entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se selló una alianza nunca antes vista entre dos bancadas que se llevaban como el agua y el aceite y se concretó la extradición del expresidente Alejandro Toledo tras varios años en espera, entre otras noticias.

En este informe, repasaremos los 12 hechos que marcaron la política en este año que ya llegó a su fin.

1. Protestas contra Dina Boluarte y la investigación en su contra

Ni bien juró en el cargo, el pasado 7 de diciembre del 2022, Boluarte tuvo que enfrentar las diversas protestas que se convocaron a nivel nacional en contra de su gobierno y en favor del expresidente Pedro Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado que perpetró ese mismo día.

Las regiones que más sufrieron con estas manifestaciones fueron Ayacucho, Ica, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Apurímac y Puno. Además, los manifestantes no solo atacaron y afectaron locales de empresas privadas y negocios, sino también vandalizaron sedes del Poder Judicial, Ministerio Público y hasta incendiaron comisarías.

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Precisamente, en esta última región se desató el caso el pasado 9 de enero. En un solo día se registraron 18 fallecidos. Unas semanas después, diversos colectivos, sindicatos y organizaciones llevaron a cabo la denominada “Toma de Lima”, causando destrozos en el centro de nuestra capital.

Tras estos sucesos, Benavides abrió una investigación preliminar contra Boluarte, el premier Alberto Otárola, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Pedro Angulo, Víctor Rojas y César Cervantes, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves

En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre las protestas registradas en Perú. En el documento, que consta de 113 páginas, se concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país, sobre todo, en Ayacucho y Puno.

Además, se sugirió que algunas de las muertes reportadas en las manifestaciones “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, así como se habla de “masacres” cometidas en este lapso de tiempo, entre otros aspectos.

A fines de noviembre, Benavides cerró la indagación contra Boluarte y presentó una denuncia constitucional en su contra y las otras cuatro personas antes mencionadas por los presuntos delitos de homicidio calificado y de lesiones graves. Esto, a pesar de que un mes antes había decidido ampliar la pesquisa por ochos meses más. La denuncia está en manos del Congreso.

2. La “alianza” entre Fuerza Popular y Perú Libre

Desde que este Parlamento inició funciones las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Perú Libre (PL) eran como el agua y el aceite: no podían estar juntas. Sin embargo, la elección de la Mesa Directiva hizo que ambas agrupaciones pongan de lado sus diferencias y formen una especie de “alianza” con otras dos agrupaciones para ganar la votación.

Si bien en un inicio los legisladores de ambas bancadas negaron cualquier acercamiento, con el pasar de los días los rumores terminaron por confirmarse. Tras una serie de reuniones, el llamado ‘Bloque democrático’ pasó a llamarse ahora ‘Bloque país’ y sumó en sus filas a PL.

Esto ocasionó que Renovación Popular (RP), cercano ideológicamente a FP, se separara de dicho bloque y criticara a su ahora exaliado por unirse con el partido que fundara Vladimir Cerrón.

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Sin embargo, algunos legisladores de PL, como Silvana Robles, José Quito y otros más, también renunciaron a su agrupación en rechazo a la alianza con el fujimorismo.

El día de la elección, el ‘Bloque país’ ganó la elección. Alejandro Soto (APP) se convirtió en nuevo presidente del Congreso, al vencer a su rival Luis Aragón (Acción Popular). En las vicepresidencias fueron designados Hernando Guerra García (FP), Waldemar Cerrón (PL) y Roselli Amuruz (Avanza País).

3. Las denuncias contra el presidente del Congreso

Pese a las denuncias que registraba, el Pleno del Congreso eligió, en votación, a Alejandro Soto como su nuevo presidente para el periodo 2023-2024.

Las denuncias contra el legislador de Alianza para el Progreso (APP) van desde que se benefició con una ley aprobada en el Congreso, que le ayudó a eludir un proceso penal (‘Ley Soto’), hasta la contratación de la hermana de la madre de su hijo y un presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.

Tras conocerse las denuncias, Soto ofreció una conferencia de prensa en la que salió a negar todas las imputaciones en su contra y que se presentaría ante la comisión de Ética para que lo investigue. Se resistió a dar un paso al costado, pese a todos los cuestionamientos.

Luego de esa conferencia, el presidente del Congreso no volvió a pronunciarse frente a las cámaras de televisión. Solo usaba su cuenta de las redes sociales para opinar sobre algunos temas en particular.

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Pese a todo esto, su bancada lo siguió respaldando en el Parlamento, al igual que las otros grupos del denominado ‘Bloque país’, entre ellos, FP y PL.

Hace unos días, la comisión de Ética aprobó, por mayoría, mandar al archivo la investigación que pesaba contra el legislador por la llamada ‘Ley Soto’. De esta manera, quedó limpio de cualquier indagación en el Parlamento tras al archivarse sus pesquisas relacionadas a la contratación de la hermana de la madre de su hijo y por un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

4. Las reuniones de Nicanor Boluarte y sus coordinaciones con los prefectos

La presidenta también estuvo en el ojo de la tormenta por las acciones realizadas por su hermano, Nicanor Boluarte. A inicios de noviembre pasado Cuarto Poder reveló que el pariente de la jefa de Estado se reunió en su vivienda de San Borja con proveedores, funcionarios y hasta con un alcalde.

Esto, a pesar de no ser ningún funcionario público u ocupar algún cargo en el Estado.

De todas las visitas que recibió Nicanor Boluarte, el caso más llamativo es del alcalde del distrito de Nanchoc (Cajamarca), Nixon Hoyos Gallardo, quien acudió a la celebración por su cumpleaños

Nueve días después de ese evento, el distrito de Nanchoc, que tiene cerca de 1,400 habitantes, recibió cerca de S/ 20 millones provenientes de las arcas estatales. Lo hizo a través de 5 proyectos de inversión.

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Tras conocerse esta denuncia, Boluarte enfatizó que su hermano no es ningún funcionario, por lo que está en libertad de recibir “a quien se le pegue la gana”. Añadió que su pariente sabrá defenderse ante la Fiscalía.

El dominical también reveló que el hermano de la presidenta realizó diversas coordinaciones con prefectos y subprefectos a nivel nacional a fin de que colaboren en la inscripción de su partido político.

Por estos hechos, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra Nicanor Boluarte, Hoyos Gallardo, Noriel Chingay (exprefecto regional de Cajamarca que renunció tras conocerse sus vínculos con el hermano de la presidenta) y otras personas por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias.

5. El fallecimiento de Hernando Guerra García

A fines de setiembre pasado una noticia remeció el Congreso y causó tristeza entre los congresistas.

El primer vicepresidente del Parlamento, Hernando Guerra García, falleció a los 60 años en Arequipa por una falta de atención médica oportuna.

Según fuentes policiales, el legislador de Fuerza Popular habría sufrido una descompensación en el distrito de Punta de Bombón. Sus amigos lo trasladaron hasta una posta del lugar, pero no había ningún médico presente por la hora.

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Unas semanas después de este lamentable suceso el JNE oficializó la vacancia del cargo de congresista de Guerra García y, en su reemplazo, convocó a su accesitario, Fernando Rospigliosi, quien unos días después asumió su curul.

En lo que respecta a la primera vicepresidencia del Parlamento, el Pleno eligió, por votación, que su reemplazante sea Arturo Alegría, legislador de FP.

6. Aumento de inseguridad ciudadana, declaratoria de emergencia y decretos legislativos

Uno de los principales problemas que sigue enfrentando la gestión de Boluarte es el incremento de la inseguridad ciudadana a raíz de la presencia en el país de organizaciones criminales trasnacionales, como el ‘Tren de Aragua’, que han hecho de la trata de personas, la extorsión y sicariato su principal fuente de negocio.

A raíz de esta situación, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia, por el plazo de 60 días, en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como en la provincia de Sullana (Piura), a fin de reducir la ola de criminalidad que opera en dichas jurisdicciones.

Unas semanas después los distritos de Cercado de Lima y Lince fueron incluidos en esta relación. A la fecha, Solo SJL, SMP y Piura continúan bajo esta medida.

Si bien en las primeras semanas se reportó una mayor presencia de policías y miembros de las Fuerzas Armadas en las calles de estos distritos, los crímenes no paraban. Solo en SJL se registraron alrededor de 4 asesinatos, pese a que se encontraba en estado de emergencia.

Pese a esto, el exministro del Interior, Vicente Romero, aseguraba que los índices de criminalidad habían bajado en estas jurisdicciones; sin embargo, no gozaba del respaldo del Congreso para liderar este sector. El pasado 15 de noviembre fue censurado por el Pleno.

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En su reemplazó asumió Víctor Torres Falcón, quien no solo anunció que trasladaría su despacho a las calles, sino que advirtió que bandas como el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Gallegos’, tienen los días contados.

En agosto pasado, el Congreso aprobó, por mayoría, otorgar facultades al Ejecutivo, por un plazo de 90 días, para legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres por el fenómeno El Niño, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.

Al término del plazo legal, el Gobierno publicó cerca de 44 Decretos Legislativos, la mayoría vinculados a seguridad ciudadana.

Por ejemplo, se modificó el Código Penal para permitir la expulsión de extranjeros que cometan delitos en flagrancia, se amplió el control de la identidad policial y la plena identificación del ciudadano extranjero en calidad de ilegal en el país de 4 a 12 horas y se dispuso que el robo de celulares sea castigado con una pena de hasta 20 años de prisión efectiva, entre otras medidas.

7. Congreso vs. JNJ

Este año el principal rival del Congreso no fue el Ejecutivo, tal como ocurre habitualmente, sino fue la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El enfrentamiento entre ambos poderes llegó hasta instancias judiciales.

Todo comenzó a fines de junio pasado, cuando el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, inhabilitar por cinco años a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos. Previamente a dicha decisión, la JNJ emitió un comunicado en respaldo de dicha fiscal y llamando al Parlamento a la reflexión.

Esto no fue bien visto por la legisladora Patricia Chirinos, quien presentó una moción para investigar a los miembros de la JNJ por esta causa y otras. Unas semanas después, el Parlamento acogió el pedido y ordenó a la comisión de Justicia realizar la pesquisa por 15 días.

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Al término, el grupo de trabajo presentó su informe final y recomendó la remoción de los siete integrantes de la JNJ por una presunta falta grave.

Dicho informe aún no ha sido debatido en el Pleno debido a que el Poder Judicial acogió una medida cautelar de la JNJ y ordenó al Parlamento suspender todo el procedimiento.

Hace unas semanas, la bancada de Renovación Popular (RP) presentó otra moción para remover de manera inmediata a los siete miembros de la JNJ por haber suspendido a Benavides en el cargo. La moción se encuentra en suspenso.

8. Extradición de Alejandro Toledo

Tras permanecer más de cinco años en calidad de prófugo de la justicia, en abril pasado el expresidente Alejandro Toledo regresó al Perú tras ser extraditado desde Estados Unidos, en un proceso que demoró alrededor de tres a cuatro años.

El exmandatario, quien es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por presuntamente haber recibido un soborno de casi US$ 32 millones de la empresa Odebrecht (hoy Novonor) para favorecerla con la licitación de la carretera Interoceánica Sur, fue recluido en el penal Barbadillo.

En paralelo, su abogado presentó una serie de recursos, desde hábeas corpus hasta una solicitud para que su patrocinado afronte la orden de 18 meses de prisión preventiva que pesa en su contra bajo detención domiciliaria debido al cáncer que padece; sin embargo, las demandas fueron rechazadas.

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En noviembre pasado inició el juicio oral en su contra. La Fiscalía ha pedido que el expresidente, y los otros coacusados, sean condenados a 20 años y 6 meses de prisión efectiva por este caso; sin embargo, también deberá afrontar otro juicio oral por el caso Ecoteva.

En lo que respecta a su esposa, Eliane Karp, tras la extradición de Toledo al Perú viajó desde Estados Unidos hacia Israel. Esto, a pesar de que también afronta un proceso de extradición por el caso Ecoteva.

9. Los congresistas ‘mochasueldos’ y el blindaje en la comisión de Ética

Sin duda alguna, el Congreso será recordado este año que ya termina por los casos de legisladores denunciados por reducir el sueldo a sus trabajadores, o más conocidos como congresistas ‘mocha sueldos’.

A lo largo de todos estos meses los dominicales presentaron los testimonios de diversos trabajadores del Parlamento en los que se les escucha acusar a sus jefes de reducir sus sueldos.

Entre los congresistas involucrados en estas denuncias figuran Heydi Juárez (Podemos Perú), Magaly Ruiz (APP), Rosio Torres (APP), Katy Ugarte (No agrupada), María Acuña (APP), Marleny Portero (Acción Popular), José Arriola (Acción Popular), María Cordero Jon Tay (No agrupada) y Édgar Tello (Bloque Magisterial), entre otros más.

Sin embargo, los casos de los dos últimos legisladores fueron los más sonados. En el caso de Tello, su extrabajadora, quien posteriormente fue despedida pese a que se encontraba embarazada, lo acusó de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en S/ 4,600; además, de ejercer presión para la adquisición de cocinas para ollas comunes.

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De acuerdo a Punto Final, la extrabajadora, con ocho meses de gestación, relató que el legislador la conminó a apoyar con la compra de dicho aparato.

“Yo le dije ¿esto es una broma? (Pero él) me dijo, cómo va a ser una broma. Ahora que estás con el bono no tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector”, relató la excolaboradora a Punto Final.

Respecto a Cordero Jon Tay, Punto Final reveló en abril pasado unos audios que acreditarían que la congresista recortó el sueldo a uno de sus trabajadores. Este sujeto denunció al dominical que la exlegisladora fujimorista le exigió el 50% de su salario mensual. Para demostrar su acusación mostró grabaciones de las conversaciones que sostuvo con ella.

“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez (...) tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, se le escucha decir a Cordero Jon Tay a su exasesor en el audio.

Todos estos casos vienen siendo investigados en el Ministerio Público y en la comisión de Ética, aunque este último grupo de trabajo no ha dado las respuestas satisfactorias del caso.

Hasta ahora solo Cordero Jon Tay ha sido suspendida 120 días por estos hechos, mientras que el resto de legisladores involucrados, como Magaly Ruiz, Rosio Torres y Heidy Juárez, solo recibieron una amonestación pública, lo que a todas luces puede ser visto como una especie de ‘blindaje’.

10. Vladimir Cerrón se convierte en prófugo

De criticar a varios investigados por no ponerse a derecho a convertirse en un prófugo de la justicia. A inicios de octubre la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín ratificó la sentencia dictada en contra del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien deberá enfrentar una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Tras conocerse la sentencia, Cerrón estuvo inubicable, pero seguía utilizando las redes sociales para criticar la sentencia dictada en su contra.

Es más, desde la clandestinidad criticó a la Policía por recurrir a la Interpol para ubicarlo y capturarlo.

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En paralelo, el Ministerio del Interior ofreció S/100,000 a quien brinde información oportuna sobre su paradero; sin embargo, el exgobernador de Junín informó, a través de su abogado, Luis Mayhua, que no se entregaría hasta que la Corte Suprema resuelva la casación que presentó para anular su sentencia.

La semana pasado el diario El Comercio reveló que Cerrón pretendió llegar hasta la embajada de Bolivia en Lima para asilarse.

11. El operativo ‘Valkiria V’ y la suspensión de Patricia Benavides

A fines de noviembre pasado una noticia acaparó todos los reflectores. El EFICCOP y un grupo de policías de la DIVIAC realizaron el operativo ‘Valkiria V’ y allanaron las viviendas de los asesores de Benavides, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, así como sus respectivos despachos en el Ministerio Público.

Producto de ello, se detuvo a Villanueva, quien era considerado la mano derecha de la entonces fiscal de la Nación; sin embargo, unas semanas después recuperó su libertad tras acogerse a la colaboración eficaz.

De acuerdo a la tesis fiscal, Benavides, junto a sus tres asesores, integrarían una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público que habría influenciado ilícitamente en decisiones relevantes del Parlamento, como la remoción de los magistrados de la JNJ, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y la inhabilitación de Ávalos de la función pública.

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Si bien en un inicio Benavides negó todas estas imputaciones, su exasesor empezó a cantar ante la Fiscalía. Según dijo, la suspendida fiscal de la Nación usaba el alias ‘Vane’ y el aplicativo de mensajería “Signal” para ordenar las coordinaciones que iba a realizar con diferentes congresistas.

A través de este medio es que se comunicaba con su círculo de confianza y daba conformidad a las presuntas actividades ilegales en contubernio con el Congreso. De esta manera, según dijo, evitaba que fuera reconocida y puesta en evidencia.

Tras conocerse todos estos hechos, la JNJ le abrió un proceso disciplinario inmediato a Benavides. Unos días después, el pleno de este organismo decidió suspenderla en el cargo por el plazo de seis meses.

12. La excarcelación de Alberto Fujimori

Y la noticia política judicial que cerró este año es la liberación del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión efectiva por los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como por los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti.

A inicios de este mes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un recurso en favor del exmandatario y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo para que dispongan su inmediata excarcelación.

El recurso de reposición fue presentado por la defensa de Fujimori, luego que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la sentencia del TC, que restablecía los efectos del indulto concedido al expresidente en el año 2017.

Tras unas horas de evaluación, el Ejecutivo procedió a ejecutar la excarcelación de Fujimori. Esto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano abstenerse de ejecutar el fallo del TC.

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Si bien Fujimori recuperó su libertad, aún tiene que enfrentar otros procesos judiciales. La semana pasada inició el juicio oral por el caso Pativilca, en el que se encuentra investigado.

Finalmente, la Corte IDH emitió una resolución en la que señala que el Estado peruano incurrió en un “desacato” al tramitar la liberación del exmandatario. Dicho desacato será informado ante la Asamblea General de la OEA en el informe anual de la Corte para el 2023.

Además, dispuso que el Perú informe, a más tardar el 4 de marzo del 2024, sobre cómo está cumpliendo con la obligación de sancionar las graves violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.