Como parte del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, las autoridades realizaron una requisa general en el Penal de Lurigancho, operativo que fue supervisado por el presidente José Jerí.
Durante la intervención, los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) encontraron una amplia cantidad de objetos prohibidos en poder de los internos.
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En diálogo con Canal N, el jefe del INPE, Iván Paredes, detalló que los hallazgos sorprendieron a las autoridades debido a la cantidad y variedad de elementos incautados.
“Hemos encontrado de todo: espejos, tomacorrientes, celulares, perfumes, drogas, alcohol, cigarros, televisores de uso personal y aparte televisores comunes. Más de 30 televisores, y seguimos, ya que no hemos acabado Lurigancho; tiene 10 mil internos y recién vamos por la mitad”, precisó.
“Desde el primer día que asumió el presidente Jerí estamos realizando intervenciones a los penales”, agregó.
Paredes indicó además que los trabajos de revisión continúan, pues aún falta intervenir una parte significativa del penal. Según dijo, los objetos hallados evidencian el nivel de permisividad que se mantenía dentro del establecimiento penitenciario más grande del país.
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El operativo forma parte de la estrategia de reorganización de los penales anunciada por el Ejecutivo durante el estado de emergencia. José Jerí sostuvo que la medida busca reducir las actividades delictivas que se originan desde los centros penitenciarios.
Asimismo, el jefe del INPE adelantó que se están acondicionando tres pabellones de alta seguridad en distintas regiones del país.
“Así como hemos acondicionado ese pabellón, habrán dos más: uno en Challapalca y otro en Cochamarca, en Cerro de Pasco, que es una cárcel muy segura. Ahí serán trasladados los presos más peligrosos”, afirmó.
De igual manera, explicó que los extorsionadores dentro de los penales se están equipando con aparatos tecnológicos más modernos que los que tiene el Estado.
Medidas contra la corrupción
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, explicó que, además de los objetos prohibidos hallados en los penales, se han detectado casos de corrupción entre algunos trabajadores del sistema penitenciario. Como primera medida, indicó que los funcionarios implicados serán sometidos a un proceso disciplinario, el cual podría derivar en la destitución.
Asimismo, Paredes detalló que, conforme al decreto supremo que establece el estado de emergencia en Lima y Callao, los agentes penitenciarios deberán someterse a pruebas de polígrafo para detectar actos de corrupción. “Aquel funcionario que esté mintiendo o esté en acto de corrupción definitivamente tiene que ser destituido”, señaló.
El jefe del INPE precisó que las coordinaciones para implementar los polígrafos ya comenzaron y que se están seleccionando expertos para garantizar la transparencia del proceso. La prueba se aplicará inicialmente a grupos de 50 agentes en pabellones específicos, siguiendo un protocolo que respete los derechos de los funcionarios. Paredes aseguró que la medida se realizará en menos de una semana.
