A través de un dictamen impulsado por Patricia Juárez (Fuerza Popular) y validado por la Comisión de Justicia —presidida por Isaac Mita (Perú Libre)— se busca modificar el alcance de la reparación civil en procesos penales.
La propuesta modifica el artículo 100 del Código Penal, el cual quedaría redactado de la siguiente manera. “La acción civil derivada del hecho punible se extingue a los diez años de iniciada la acción penal, sin admitir suspensión ni interrupción”, reza el texto.
En buen cristiano —según el abogado penalista Andy Carrión— si a una persona procesada no se le ha impuesto la reparación civil, tras diez años del proceso judicial, quedará exonerada de pagarlo.
Ley del Congreso con nombre propio: corrupción e impunidad
Carrión recuerda que los actos delictivos, según su naturaleza, deben ser resarcidos por la vía civil. Entre estos encontramos a la corrupción, lavado de activos, violación de derechos humanos, crimen organizado y robos agravados, principalmente.
Aquí, Carrión pone un ejemplo: “Un condenado o procesado por haberse coludido con un funcionario público para una contratación se ha beneficiado ilegalmente con un millón de soles. Mientras la acción penal siga su curso se lo investigará pero si no hay una reparación civil impuesta tras diez años del caso, no se le podrá reclamar el resarcimiento de ese millón de soles. Seguirá por la vía penal y se lo sentenciará pero ya no pagará ni un sol”.
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En esa línea, el abogado penalista Luis Lamas Puccio sostiene que el dictamen del fujimorismo “es una propuesta escandalosa que se orienta hacia la impunidad” y es perjudicial tanto para el Estado como para las innumerables víctimas de delitos.
“El problema del Perú no es la corrupción sino la impunidad. La reparación civil es el resarcimiento económico a una víctima por las consecuencias de un daño que le generó la comisión de un delito. Son muchos los políticos involucrados en casos de gran corrupción que no le han pagado al Estado. Están usando la democracia para encubrir la corrupción y para favorecer la impunidad”, argumentó a Gestión.
Especialistas consultados por Gestión coinciden en que los afectados por límites a la reparación civil serían las victimas de la delincuencia y también el Estado. Según la congresista Ruth Luque, de prosperar la reforma serían 6,002 casos que generarían un perjuicio económico por más de S/ 1,123 millones. Foto: archivo GEC
Más cambios a la reparación civil en desmedro de la justicia
Pia Iparraguirre, abogada penalista y especialistas en compliance de CPB Abogados, advierte que la reforma congresal no se justifica porque hay casos complejos con investigaciones “muy largas”, al punto que se extienden de 10 a 15 años —e inclusive más—.
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Dichos procesos judiciales se alargan por recursos que se interponen o conductas procesales de los investigados, por lo que el único afectado sería el agraviado al quedarse sin derecho a poder cobrar la reparación civil. La letrada sostiene que la eventual norma podría ser utilizada como argumento, incluso, por los sentenciados para no realizar el pago de la reparación civil, perjudicando a los agraviados que no han recibido ningún tipo de indemnización frente a los hechos.
La Comisión de Justicia del Congreso dio el visto bueno también a la modificación del artículo 12 del Nuevo Código Procesal Penal para que en caso de una sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, ya no se obligue a pagar la reparación civil.
“En una investigación penal puede pasar por muchos motivos que, pese a que no haya una responsabilidad penal, el juez puede verificar que hubo un daño que debe ser reparado. Es decir, prescribiría la acción penal pero el juez puede determinar el pago al agraviado. Con la modificación (del Congreso) los agraviados tendrían que trasladarse al juez civil y allí reclamar. Esto será oneroso en tiempo y recursos para el agraviado porque en el orden civil hay pagos que no se realizan en el ámbito penal: las cédulas o contratación de un abogado”, relató Iparraguirre a este diario.
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El penalista Carrión pone otro ejemplo: “Se solicita 10 años de prisión y reparación civil de un millón de soles, pero el juez podría absolver porque no se cometió el delito aunque sí hay un daño civil por reparar. Eso es posible hoy con la legislación; pero con la reforma del Congreso si la justicia absuelve a una persona ya no hay posibilidades de que el juez imponga la reparación civil. Se deriva a otro juez civil para que lo evalúe”.
Congreso votó a favor de que el dictamen regrese a la Comisión de Justicia para su evaluación. Foto: Patricia Juárez
Modificación de la reparación civil: ¿qué sigue en el Congreso?
En la sesión del Pleno del Congreso del último miércoles 19 de marzo, se agendó el debate del dictamen de Patricia Juárez aprobado por la Comisión de Justicia; sin embargo, fue sometida a cuestión previa por pedido de Ruth Luque.
Tanto Luque como Susel Paredes enfatizaron que, según la Procuraduría, de modificarse los cambios a la reparación civil serían 6,002 casos que generarían un perjuicio económico al Estado de casi S/ 1,123 millones.
“Va al corazón de las víctimas”, dijo Paredes. El Pleno se mostró a favor de que el dictamen regrese a la Comisión de Justicia del Congreso para una nueva evaluación y por mayoría validó la cuestión previa.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.
