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El Poder Judicial declaró infundado, en segunda instancia, el pedido realizado por el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, para que se ordene al Ministerio Público que precise de manera completa los cargos que se le atribuyen respecto al presunto delito de colusión agravada por el caso del Gasoducto Andino del Sur, vinculado a Odebrecht.
La Tercera Sala Penal Nacional adoptó esta medida al acoger la apelación presentada por el despacho de la fiscal Geovanna Mori, del Equipo Especial del caso Lava Jato, a fin de que se deje sin efecto una resolución de primera instancia donde se emitió esta disposición.
El tribunal superior -en su su resolución- determinó que la resolución apelada incurrió en una infracción sustancial, pues establece un nivel de exigencia que no resulta razonable teniendo en cuenta la naturaleza y características de la investigación y porque el desarrollo de dicho presunto delito es de alta complejidad.
La sala también precisó que la Fiscalía sí cumplió con un suficiente relato circunstanciado en atención al estado de esta investigación preparatoria y sí se cuenta con una imputación mínima y razonable según el caso concreto.
Además, se agrega que la potestad de incorporación de hechos nuevos, la calificación jurídica de los tipos penales alternativos o subsidiarios, la variación de la modalidad delictiva y del título de intervención delictiva son exclusiva del Ministerio Público como titular de la acción penal y no de las partes o del juez.
El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, también es investigado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir dentro de este caso.
