Tras permanecer varios días como inubicable, esta tarde se conoció el paradero de la expremier Betssy Chávez, quien afronta un juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. El canciller Hugo de Zela informó en conferencia de prensa que la también excongresista se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú.
Ante esta situación, anunció que el Gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con dicho país.
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Al respecto, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, informó que desde la semana pasada perdió comunicación con la expremier, quien mañana debería acudir a la audiencia de juicio oral por el fallido golpe de Estado, que se encuentra en su recta final.
“Nosotros hemos perdido comunicación con Betssy Chávez desde que la misma sala penal demostró que estaba enferma. Eso ha sido la semana pasada y, a partir de ahí, no hemos tenido comunicación con ella”, señaló a Canal N.
Al ser consultado por los motivos por lo que Chávez se asiló en la embajada de México, indicó que no sabe con exactitud si se encuentra en dicho recinto o no.
En ese sentido, criticó a De Zela por haber anunciado que el país romperá relaciones diplomáticas con México, sin tener pruebas concretas.
“El canciller está enterado de algo que la defensa no conoce. Me parece súper irresponsable que el canciller, sin tener la confirmación de que México le ha solicitado el salvoconducto para Chávez, ya esté hablando de romper relaciones diplomáticas. Eso no demuestra una irresponsabilidad terrible la que está demostrando este señor”, aseveró.
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LA ADVERTENCIA QUE RECIBIÓ BETSSY CHÁVEZ
Los jueces de la Sala Penal Especial convocaron a Chávez para que asista de forma presencial a la audiencia a realizarse mañana. En caso de no asistir, advirtieron que la expremier sería declarada reo contumaz, por lo que dictarían una orden de ubicación y captura en su contra si no se presentaba.
La última vez que se le vio a la exlegisladora fue el pasado martes 21 de octubre, cuando se conectó a la sesión de manera virtual. En aquella oportunidad alegó que estaba mal de salud y que que tenía descanso médico hasta el último martes 25 de octubre.
No obstante, no se presentó a las sesiones del 28, 30 y 31 de octubre.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios pidió que se le imponga a Chávez una pena de 25 años de cárcel por el presunto delito de rebelión.
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