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El jefe del Equipo Especial, Rafael Vela, se pronuncia en esta entrevista con Gestión sobre la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos, a la que investigados del caso Odebrecht buscan acogerse para obtener penas benignas. La posición de la Fiscalía es que la investigación por aportes de la constructora a distintas campañas es lavado de activos.
El Equipo Especial solicitó a la Fiscal de la Nación a que se pronuncie sobre la ley de financiamiento ilegal de partidos. Ustedes temen que los investigados se amparen en ella…
Hemos puesto en conocimiento a la señora Fiscal de la Nación algo que ya hemos denunciado en su momento. La instrumentalización de la función parlamentaria con la dación de una ley que, eventualmente, podría ser utilizada para generar controversia por parte de los investigados en los graves casos de lavado de activos por financiamientos de la empresa Odebrecht.
Los investigados buscan que sus penas sean entre 4 y 8 años de cárcel. Por lavado son hasta 20 años...
Sí. Lo que hemos expuesto y visibilizado es lo que en determinado momento denunciamos durante los debates parlamentarios. Y que ahora se está produciendo lo que exactamente pronosticamos. Los investigados están tratando de hacer un uso, desde nuestro punto de vista, incorrecto o ilegal de esta ley. Sin embargo, nosotros estamos claros en que nuestros casos son casos de lavado de activos y por eso los defendemos. No podemos tampoco dejar de exteriorizar lo que más bien termina siendo una especie de posibilidad de que los investigados generen litigaciones innecesarias cuando esto pudo ser evitado con una fórmula legislativa.
Pero, hasta el momento, la fiscal Zoraida Ávalos no se ha pronunciado…
Lo que pedimos no es solamente un pronunciamiento, sino es la exteriorización de una preocupación que ya objetivamente se está determinando, porque ya hay varios pedidos de personas investigadas que quieren acogerse a esta ley o manifestar que la conducta nunca fue delito, que es mucho más grave.
El debate sobre si es lavado de activos o financiamiento ilegal empezará con el juicio a los Humala…
Así es. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros casos y los vamos a defender y las opiniones no necesariamente son técnicas. Las opiniones pueden provenir también de personas que puedan verse eventualmente involucradas en estos graves casos.
¿Quiénes han pedido adecuar sus casos a esta ley?
El señor Pier Figari tengo entendido que ya lo pidió. También el señor José Luna Gálvez. Ollanta Humala y Nadine Heredia también lo pidieron en audiencia de control de acusación. Me parece que el juez Richard Concepción Carhuancho les dijo que lo pidieran en otra estación, pero ya lo pidieron.
Pero ellos no serán los únicos…
Sí, imaginamos que ese derrotero lo seguirán muchos más que están sujetos a estos cargos. Y esto es una exteriorización de nuestra preocupación porque en determinado momento siempre puede existir la tesis de que como nuestros casos son transversales a la política, puede haber también un uso judicial de la función parlamentaria.
¿Los jueces tendrán que decidir si adecuan los casos a esta ley o es la Fiscalía?
Son los jueces.
¿Esto es grave para los casos que investigan?
Siempre nosotros hacemos una advertencia pública para que se sepa de cuál es la circunstancia que, en este momento, se produce a partir de la promulgación de esa ley.
El Equipo Especial ya presentó tres acusaciones: Metro de Lima, Ecoteva y Humala. ¿Antes de fin de año presentarán otras?
Sí, de hecho. Estamos trabajando activamente. Hay varios casos que están en estos momentos impulsándose y que tenemos la estimación que de fines de año por lo menos tener 3 o 4 acusaciones adicionales.
¿Acusaciones por qué casos?
No puedo específicamente revelarlo porque eso tiene que ver con la autonomía fiscal, pero estratégicamente nosotros estamos dentro de esa perspectiva.
¿Entre ellos está el caso de Keiko Fujimori?
El caso de la señora Keiko Fujimori siempre tiene una prioridad debido a que la señora está privada de su libertad. Por lo tanto, el esfuerzo del Ministerio Público siempre tiene que propender a que se dé dilucidada las hipótesis de investigación en el menor espacio de tiempo posible.
La Corte Suprema les ha dicho que tienen hasta abril del próximo año para acusarla…
Por eso es que también nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para que la situación jurídica de la señora Fujimori se resuelva antes de ese plazo de temporalidad de 18 meses.
Usted criticó que el Tribunal Constitucional espere el fallo de la Corte Suprema para evaluar el hábeas corpus de Keiko Fujimori…
Sí, eso nosotros lo vemos con suspicacia, como una decisión poco transparente. Como una decisión que además no es igualitaria para cualquier ciudadano y que, eventualmente, puede generar una turbulencia innecesaria cuando tal vez el procedimiento podría verse visto desde la perspectiva de la abrumadora carga procesal que tiene el Tribunal Constitucional. Y que, eventualmente, un plazo más razonable podría desvincular cualquier suspicacia a una decisión tan trascedente.
Insisto. Entonces, ¿entre esos tres casos que se presentará acusación antes de fin de año está el de Fujimori?
Estamos en esa posibilidad que sea uno de ellos. A fin de año.
¿Alguna autocrítica del Equipo Especial?
Siempre. Nosotros estamos en la justicia de los seres humanos. De tal manera que todos nuestros procesos internos están sometidos a autocrítica, a evaluación. De hecho, en algunos casos creemos que no siempre hemos tenido las condiciones de trabajo suficientes desde el punto de vista de la tranquilidad y logístico. Hemos tenido graves enfrentamientos con Pedro Chávarry, pero ahora hemos mejorado gracias a las gestiones de la señora Fiscal de la Nación que ha podido conseguir un mayor presupuesto que antes no lo contábamos.
Los críticos señalan que cometen excesos contra los investigados…
No es así. Nosotros siempre nos sometemos a la legalidad. Siempre todos nuestros pedidos son sometidos al conocimiento de jueces y a veces nos dan la razón y a veces no. De tal manera, que nosotros no podríamos decir que hemos sido una zona ajena al control, tanto de carácter institucional y de carácter judicial. El problema es que la crisis interna de la institución con Pedro Chávarry generó que permanente éramos hostilizados, por tanto la atmósfera de trabajo no era la mejor hasta enero de 2019. Ahora hay canales institucionales restablecidos…
Por ejemplo…
Ahora tenemos una Unidad de Cooperación que nos respalda activamente. Antes teníamos problemas con la persona anterior que la dirigía. Creo que en el balance de un trabajo de un año del Equipo Especial hay una legitimidad social que acompaña a los fiscales y creo que eso es un hecho insoslayable.
Ustedes eran cinco fiscales, ahora son ocho…
Sí, se ha incorporado a la fiscal de lavado de activos Carol Cubas de Arequipa, se promovió a la fiscal provincial Milagros Salazar y así como al fiscal Walter Villanueva que trabajó con el doctor José Domingo Pérez. Son tres nuevos despachos que nos han permitido traer casos de provincia que tienen que ver con la empresa Odebrecht. Antes no podíamos hacerlo porque no teníamos la capacidad logística. Igual, ahora tenemos problemas de espacios, pero el presupuesto para la Fiscalía depende del Poder Ejecutivo.