El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, rechazó haber tenido injerencia alguna en la reciente remoción de la abogada Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato.
En diálogo con RPP, indicó que su único pedido a Carrión fue que asumiera la defensa del Estado ante cortes internacionales, algo que la abogada, según dijo, habría rechazado.
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“Me parece grave lo que dice la señorita. Yo lo que he hecho es pedirle que asuma la defensa del Estado peruano y esta señorita se negaba a hacerlo”, indicó la tarde del último sábado.
El líder de Renovación Popular también cuestionó que la exprocuradora respondía con evasivas sus requerimientos, pese a, según dijo, la urgencia del caso.
“Así no es, todos defendemos al Perú”, enfatizó.
El último viernes, Carrión denunció que su remoción del cargo de procuradora ad hoc el caso Lava Jato fue producto de una “injerencia política” encabezada por López Aliaga. Esta intervención, según dijo, se habría concretado tras cambios en el consejo directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE).
La exprocuradora denunció que recibió mensajes insistentes del alcalde de Lima entre fines de mayo y junio pasado, en los que le exigía que aceptara un procedimiento iniciado por la comuna metropolitana contra la empresa Brookfield, en Estados Unidos, relacionado con el caso Rutas de Lima.
“El alcalde me escribía todos los días (a fines de mayo), varios mensajes al día, sábados y domingos, tratando de presionarme para que yo tome una decisión respecto al pedido que él había hecho”, sostuvo, tras precisar que el burgomaestre la amenazó con denunciarla ante la prensa por su “comportamiento”.
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RENOVACIÓN POPULAR NIEGA INJERENCIA DE LÓPEZ ALIAGA
Por su parte, la bancada de Renovación Popular negó una supuesta injerencia política en la destitución de Carrión.
A través de un comunicado, calificó de “falsas” las declaraciones de la abogada, quien acusó a López Aliaga de su despido y dijo que recibió “amenazas” del propio alcalde de Lima a través de mensajes de WhatsApp.
El grupo parlamentario recalcó que, en uso de sus facultades, López Aliaga presentó una denuncia en su contra por inconducta funcional y/o falta grave ante la PGE, en el que solicitaba su destitución por haber transgredido el deber de guardar reserva de la información.
“Por lo tanto, la presentación de la denuncia por el alcalde de Lima, así como la visita de los congresistas a la PGE, dentro de sus atribuciones constitucionales, de ninguna manera denota un acto de injerencia política, sino el ejercicio legal y constitucional de sus atribuciones en defensa de los intereses del país”, aseveraron.
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