Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, señalado por la Policía Nacional como presunto autor intelectual de la masacre en Pataz y recientemente detenido por agentes de la Policía de Colombia y la Interpol, sorprendió a inicios de semana con una carta notarial dirigida a la presidenta Dina Boluarte. En el documento, exigía una rectificación pública por las declaraciones de la mandataria en las que lo vincula con el crimen múltiple ocurrido hace algunas semanas.
El caso ha generado controversia sobre si el pedido es procedente desde el punto de vista legal y cómo debería responder la jefa de Estado ante tal requerimiento.
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Como se recuerda, durante una conferencia de prensa el pasado 5 de mayo, la presidenta Dina Boluarte señaló: “Por las informaciones que nos llegan, probablemente, quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente ‘Cuchillo’, quien en 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional y liberado por el Ministerio Público”.
Carlos Caro: “No hay obligación de rectificación”
En conversación con Gestión, el abogado penalista Carlos Caro señala que la solicitud de Rodríguez no tiene consecuencias jurídicas. “La ley no exige carta notarial previa para interponer una querella por difamación. Por tanto, esta exigencia es una maniobra distractiva y de victimización. El inocente no solo debe serlo, sino portarse como tal”, afirma.
Según Caro, el objetivo del documento sería debilitar el discurso de las autoridades. “La carta busca sembrar una narrativa de inocencia y presentar a Rodríguez como víctima. Pero si la presidenta no se rectifica, no pasa absolutamente nada. El señor no es autoridad y no puede imponer condiciones legales”, subraya.
El abogado también advierte que una respuesta de la mandataria podría ser contraproducente. “Responder esta carta debilitaría su investidura. Si Rodríguez se sintiera vulnerado, tendría que querellar también a la Policía Nacional”, concluye.
Para el penalista Carlos Caro, una rectificación de Dina Boluarte debilitaría su figura presidencial. (Foto: Presidencia)
Raphael Muñoz: “Sí procede una querella por difamación, incluso contra una presidenta”
Una opinión distinta ofrece el penalista Raphael Muñoz, quien considera que la presidenta ha actuado con ligereza. “No se puede imputar públicamente un delito a una persona sin contar con mínimos elementos de prueba ni corroboración fiscal. Es una acusación que afecta el derecho al honor y la buena reputación”, argumenta en entrevista con Gestión.
Muñoz considera que, si no hay rectificación, Rodríguez estaría en su derecho de plantear una querella por difamación agravada. “Aunque sea presidenta en funciones, todos los ciudadanos tienen derecho a proteger su honor. Y una conferencia de prensa tiene un corte informativo, es un mensaje de la Nación. Entonces es vinculante. Una declaración pública, cuando viene de una presidenta, tiene mayor alcance de información”, enfatiza.
Incluso plantea que, en un escenario extremo, podría considerarse una denuncia calumniosa si la declaración genera una investigación sin sustento fiscal. “La presidenta fue irresponsable y lo que hizo es moralmente reprochable”, señala.
¿Debe la presidenta responder la carta? ¿O ignorarla?
Mientras Caro sugiere ignorarla completamente, Muñoz recomienda asumir la responsabilidad y rectificar si no existe una investigación formal. Pero ambos coinciden en que una respuesta oficial tendría efectos políticos delicados: podría debilitar la imagen de autoridad de la presidencia ante el país y frente al crimen organizado.
“Sería denigrante que la jefa de Estado se rectifique públicamente”, dijo Caro. Por su parte, Muñoz insiste en que la rectificación sería coherente con los estándares democráticos si no hay pruebas contundentes: “La presunción de inocencia le asiste, incluso a un personaje con antecedentes”.
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¿Y ahora qué sigue?
Rodríguez aún no ha formalizado una querella, aunque su carta notarial plantea esa posibilidad si no hay respuesta. Según Muñoz, ese paso legal sería viable, aunque enfrenta obstáculos como el fuero presidencial. Caro, en cambio, lo ve como un caso que no prosperaría por falta de fundamentos y por la existencia de una investigación penal en curso.
Lo cierto es que este caso marca un precedente poco común: una persona asociada al crimen organizado solicitando una rectificación a la máxima autoridad del Estado. Más allá del aspecto legal, la situación abre el debate sobre los límites de la comunicación presidencial y la frágil frontera entre el combate al crimen y el respeto al debido proceso.
Actualización:
Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, fue detenido este jueves 15 en Colombia, según informó el Ministerio Público. La captura internacional fue gestionada por la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad - Equipo 2.
Alias 'Cuchillo' ha sido calificado como una persona "violenta" y "peligrosa" por Interpol. Foto: Difusión.
Mediante una publicación en la red social X, la Fiscalía también confirmó que en territorio nacional se logró la detención preliminar de Liliana E. Pizan Chirado.
Rodríguez es investigado por el presunto delito de homicidio agravado, mientras que Pizan enfrenta cargos por obstrucción a la justicia. Ambos son señalados como integrantes de una organización criminal.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
