Ambas propuestas han sido derivados a las comisiones correspondientes (Justicia y Constitución). Composición: Gestión.
Ambas propuestas han sido derivados a las comisiones correspondientes (Justicia y Constitución). Composición: Gestión.

El congresista presentó dos proyectos de ley que buscan reformar el . Ambos comparten un objetivo: reducir la politización en los procesos judiciales y reforzar la legitimidad institucional.

El primero plantea que solo jueces y fiscales titulares puedan investigar y procesar a altos funcionarios, excluyendo a los magistrados provisionales. El segundo propone que los jueces y fiscales supremos sean elegidos por , mediante un proceso electoral ciudadano.

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Altos funcionarios

La primera propuesta plantea modificar varios artículos del Código Procesal Penal para que únicamente y titulares puedan llevar adelante investigaciones y procesos contra altos funcionarios (como ministros y congresistas).

Se busca excluir del proceso a magistrados provisionales o supernumerarios, bajo el argumento de que la estabilidad en el cargo mejora la transparencia y reduce presiones externas.

Según el parlamentario, una norma de estas características permitiría una mayor independencia institucional y podría reducir la politización en investigaciones sensibles.

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Elección por voto popular

La segunda propuesta es aún más ambiciosa: se trata de una reforma constitucional que modificaría los artículos 31, 147 y 158 de la Constitución. Su corazón es establecer la de jueces y fiscales supremos, con mandatos de cinco años, prohibición de reelección, requisitos de ciudadanía, edad y 15 años de experiencia legal .

Principales puntos del proyecto:

  • Voto ciudadano directo para elegir a jueces de la y fiscales supremos.
  • Creación de una comisión plural (Estado, academia, sociedad civil) para evaluar candidatos.
  • Organización del proceso electoral a cargo de la ONPE, JNE y RENIEC, con transparencia en la presentación de méritos y sin propaganda electoral .
  • Inspiración en sistemas comparados: Bolivia, México y varios estados de EE.UU., donde se han adoptado esquemas similares .

Según los fundamentos del proyecto, se busca “democratizar” la justicia ante una pronunciada pérdida de confianza ciudadana: 85 % desconfía del y 73 % de la .

Ambas propuestas han sido derivados a las comisiones correspondientes (Justicia y Constitución) y estarán en agenda para debate. En esas instancias se determinará su viabilidad.

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