
El congresista Alfredo Pariona presentó un proyecto de ley que busca derogar la Ley N.° 32123, conocida como la Ley de modernización del sistema previsional de pensiones.
Esta norma, vigente desde el año pasado, establece que todos los ciudadanos a partir de los 18 años se afilien de manera automática a un sistema unificado administrado por la ONP y las AFP.
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Críticas a la afiliación obligatoria
Pariona cuestionó que la medida fue aprobada sin consulta ciudadana y que vulnera los derechos de millones de peruanos, especialmente de los trabajadores independientes. Según explicó, para este sector el pago obligatorio de un porcentaje de sus ingresos significa una reducción inmediata en sus recursos y la imposición de un esquema que no eligieron.
El legislador también señaló que la ley beneficia a las AFP, al obligar a los ciudadanos a entregar parte de sus ingresos a empresas privadas “que lucran con las pensiones sin garantizar una jubilación justa”.
A su juicio, el modelo actual “profundiza la desigualdad social” y condena a gran parte de la población a una vejez sin protección ni garantías efectivas.
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Propuesta de un sistema universal
El proyecto de Pariona plantea reemplazar el actual esquema por un sistema previsional universal, justo y solidario, donde las pensiones sean reconocidas como un derecho humano y no como una mercancía.
“Solo así se podrá garantizar que todos los peruanos, sin importar su condición laboral, tengan acceso a una jubilación digna”, afirmó.
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La propuesta no es la única en trámite. El congresista Américo Gonza también presentó recientemente una iniciativa con el mismo objetivo: derogar la ley de modernización de pensiones.
De avanzar ambas iniciativas, el Congreso deberá decidir si unifica los proyectos para debatir una reforma parcial o la eliminación total de la norma vigente.
Uno de los puntos más cuestionados de la ley es la afiliación automática de los independientes. Bajo este esquema, quienes emiten recibos por honorarios o tienen pequeños negocios deben destinar parte de sus ingresos a las AFP, sin considerar la irregularidad de sus ingresos ni la ausencia de beneficios inmediatos.