Pese a los múltiples intentos desde el Gobierno, Procuraduría, Contraloría y Ministerio Público para frenar el avance de la corrupción en el país, las cifras de casos e investigaciones que involucran a funcionarios públicos continúan incrementándose.
En diálogo con Gestión, el procurador anticorrupción Javier Pacheco informó que actualmente su despacho maneja 52,672 casos de corrupción a nivel nacional.
Solo en lo que va del año (desde enero a marzo) se registraron 3,403 nuevos casos en el país. Solo este mes se contabilizaron 766 casos, 515 casos menos que lo registrado en febrero (1,281) y 590 casos menos que en enero (1,356).
Si hacemos un comparativo de nuevos casos la curva sigue al alza. El año pasado se registraron 11 mil nuevos casos. Esto es 1,000 casos más que lo registrado el 2021 y 2,000 más que lo reportado en el 2020.
Si bien solo llevamos tres meses del 2023, Pacheco consideró que hasta diciembre la cifra de nuevos casos (3,403) podría elevarse, teniendo en cuenta que tanto los alcaldes y gobernadores ya tendrían un año de gestión.
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En total hay 160,865 personas comprendidas en estos casos en trámite a nivel nacional, entre investigados, procesados y sentenciados. En esta cifra están considerados los ‘extraneus’ (personas ajenas que participan en el delito).
“Hay varios funcionarios que se repiten en las investigaciones. Hay un promedio de 5 a 6 partícipes (funcionarios, servidores públicos o alguien vinculado al aparato estatal) en cada caso, como puede ser 2 o 3 partícipes, dependiendo del delito. No todos son funcionarios, porque se requiere la participación del extraneus o infractor, que es una persona común”, explicó.
¿Cuáles son los delitos más frecuentes cometidos por los funcionarios?
Al ser consultado por los delitos más frecuentes cometidos por los funcionarios, Pacheco informó que el primero en la lista es el peculado, seguido por el cohecho.
“En estos delitos las conductas apuntan mayoritariamente al requerimiento de coimas por parte de funcionarios, y eso tiene una culminación rápida”, dijo.
En una tercera línea viene el delito de colusión, como consecuencia de las conductas vinculadas a compras realizadas por el Estado (de bienes y servicios) en las distintas instituciones, en las que se infringe la Ley de Contrataciones del Estado.
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Luego viene el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en la que un funcionario se favorece a sí mismo o a terceros. “Este tipo de mecanismo se repite en varios casos”, anotó.
“En la quinta línea tenemos el delito de organización criminal. Si nos enfocamos solo en la comisión del delito, que engloba organizaciones criminales, es importante, porque alrededor de estos casos tenemos un promedio de 150 a 200 carpetas. Esto, debido a que alrededor de estos casos hay bastantes delitos y conductas irregulares. Se debe entender que la organización criminal es una sola y un eje para todos los delitos”, apuntó.
Precisamente, el procurador advirtió que su despacho actualmente investiga un promedio de 30 organizaciones criminales distribuidas a nivel nacional, entre los que destacan los casos vinculados a los “Cuellos Blancos del Puerto”, “Dinámicos del Centro”, entre otros más.
En cuanto a las instituciones del Estado con mayor cantidad de funcionarios involucrados en estos casos, Pacheco indicó que en primer lugar se encuentran las municipalidades, seguido de los gobiernos regionales.
“Luego se ubican los ministerios que tienen mayores recursos, sobre todo, los ministerios de Transportes y Vivienda”, enfatizó
El abogado del Estado también alertó que hay una alta incidencia de la comisión de delitos por parte de miembros de la Policía.
¿En qué regiones se han identificado más casos de corrupción?
De los 52,672 casos a nivel nacional, Lima es la que concentra la mayor cantidad de investigaciones (10,587 casos), seguida de Áncash (4,501), Cusco (3,552), Junín (3,455) y Ayacucho (2,747).
Las regiones con menos incidencias de casos son Madre de Dios (859), Huancavelica (797), Moquegua (719) y Tumbes (644).
Al respecto, Pacheco indicó que la situación de Áncash, Cusco y Junín es compleja debido a que no hay un control sobre la percepción del canon minero por parte del Estado.
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“A mayor ingreso del canon, existe una mayor incidencia de comisión de delitos. Áncash es una de las regiones que recibe mayor dinero por canon. En Cusco hay como unos 1,200 casos que todavía están en crecimiento y pertenecen a la Convención. En esta zona tenemos a los distritos de Echarate y Megantoni, que tienen una percepción de estos recursos del canon”, apuntó.
El procurador recordó que, en el último quinquenio, aproximadamente el Perú ha recibido por canon unos S/ 3,000 millones; no obstante, cuestionó que en la ejecución no ha habido un control debido por parte de las entidades que se encargan de realizar este control.
“En esa línea, la incidencia de casos es mayor en estos lugares donde existe el canon minero, sobre todo en Áncash y Cusco”, alertó.
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¿Cuántos gobernadores regionales registran una mayor cantidad de investigaciones?
De los 26 gobernadores regionales que hay en el país, 18 se encuentran inmersos en alguna investigación por presunta corrupción, de acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción.
Las dos primeras autoridades en la lista son Juan Chombo Heredia (Pasco) y Zósimo Cárdenas Muje (Junín), ambos con 13 casos. Otros gobernadores que registran investigaciones son Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Luis Torres Robledo (Tacna), Luis Otsuka Salazar (Madre de Dios), entre otros.
Todas estas investigaciones vienen de periodos anteriores a su elección en el cargo.
“Actualmente lo que se está esperando es que estas autoridades empiecen a realizar su gestión y, como resultado de esta, se le da un presupuesto que debe ser ejecutado. Una vez que el presupuesto es ejecutado, interviene la Contraloría con el control concurrente y proceden a hacer los hallazgos, que repercuten en hechos con relevancia penal. Luego se transforma en un informe de control que viene a determinar un perjuicio, que luego se remite a la Procuraduría. Entonces, tenemos que esperar”, apuntó Pacheco.
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