La Procuraduría ad hoc que investiga los casos relacionados a Odebrecht y Lava Jato pidió al Poder Judicial que el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros individuos paguen conjuntamente la cantidad de S/ 422 millones 900 mil 366 como compensación por el daño patrimonial al Estado peruano, en relación con el caso del Centro de Convenciones de Lima.
Además, la defensa legal peruana también solicitó que estas personas paguen, en forma solidaria, la suma de US$ 1 millón 800 000 dólares por daño extrapatrimonial.
La Procuraduría ad hoc presentó estas propuestas de pagos como parte de su solicitud para ser reconocida como parte civil o agraviada en la investigación preparatoria contra el exmandatario y otros implicados en este caso. Esta solicitud fue aceptada por el juez Jorge Chávez Tamariz el pasado 14 de marzo.
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El juez determinó que la solicitud de la defensa legal del Estado para constituirse como parte civil cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal, por lo que fue aceptada.
La decisión del juez Chávez Tamariz permitirá solicitar y obtener este pago en caso de que los investigados sean encontrados culpables de los cargos presentados por la Fiscalía en relación con este caso.
La defensa legal del Perú alegó que el daño patrimonial se dio como consecuencia de los pagos indebidos y el no cobro de las penalidades; mientras que el daño extrapatrimonial está relacionado por la lesión a la imagen institucional del Estado.
Investigación contra Ollanta y Heredia
La Fiscalía está investigando al ex presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros implicados por presuntamente favorecer a la constructora brasileña O.A.S en el proyecto “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima”, ubicado en el distrito de San Borja.
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El ex presidente y su esposa están siendo sometidos a un juicio oral por supuestos aportes ilegales a las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano en 2006 y 2011. El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó penas de 20 años y 26 años y medio de prisión, respectivamente, acusándolos de presunto delito de lavado de activos.
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