El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, realizó esta mañana la audiencia en la que se evaluó el pedido de la Procuraduría General del Estado (PGE) para constituirse en actor civil en el proceso seguido contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por haber suspendido la indagación contra el expresidente Pedro Castillo.
El procurador adjunto de la institución, Joel Córdoba, informó que solicitaron que Ávalos abone la suma de S/200,000 en caso sea sentenciada en el presente caso. Dicho monto, según dijo, es provisional, por lo que podría aumentar conforme avancen las investigaciones.
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El abogado remarcó que han cumplido con lo que estipula la norma, por lo que negó que no hayan precisado el elemento del daño ocasionado por la investigada en el petitorio, tal como sostiene la defensa de la exfiscal.
“Hacemos referencia de que la conducta de la señora (Zoraida) Ávalos no solo ha lesionado un bien jurídico penal como es el correcto funcionamiento de la administración pública, sino también del comportamiento irregular de un funcionario público que atenta contra el prestigio que toda la administración pública debería tener frente a sus administrados”, apuntó.
En respuesta, el defensor de Ávalos, Daniel Loli, insistió en que la PGE no ha precisado, de manera escrita, el tipo de daño que se habría causado. En ese sentido, consideró que tenían que haber individualizado el tipo y alcances de los daños y cuánto corresponde en cada caso.
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“La Procuraduría plantea que se ha producido un daño extrapatrimonial y lo cuantifica en S/200 mil, pero no ha precisado el alcance del daño extrapatrimonial dado que no ha especificado si estamos ante un daño a la persona o un daño moral”, sostuvo tras denunciar que la PGE habría realizado una copia textual de la acusación basándose en alcances penales y no en un sustento de constitución civil.
Como se recuerda, Ávalos es investigada por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. Se le cuestiona por haber ordenado suspender la pesquisa contra Castillo hasta julio del 2026 por tres casos: Petroperú, Puente Tarata III y Ascensos en las FF.AA.
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