La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato pidió al Poder Judicial que ordene la anulación de la transferencia de cuatros bienes que realizó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a favor de su menor hija, el pasado 11 de diciembre del año 2019.
Esto, con la finalidad de poder disminuir el patrimonio de la autoridad regional y, en caso este sea sentenciado en el marco del caso Obrainsa, pueda pagar la reparación civil que eventualmente se le imponga.
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Según informó RPP, la Procuraduría demandó como pretensión principal que se declare la nulidad parcial del acto jurídico contenido en la escritura pública de fecha 11 de diciembre del 2019, mediante el cual Oscorima le otorgó a su hija un departamento, dos estacionamientos y un depósito localizados en San Isidro, como una “herencia anticipada”.
El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, analizó el pedido de la defensa del Estado y lo admitió a trámite.
En su resolución, el magistrado consideró que la Procuraduría se encuentra legitimada para iniciar una nulidad de transferencias, por lo que ordenó que dicha solicitud sea puesta en conocimiento de Oscorima y de la madre de su hija, en representación de la menor, para que en un plazo de cinco días de notificados cumplan con pronunciarse.
Tras ello, el Poder Judicial programará una audiencia para escuchar a las partes y emitir una decisión final al respecto.
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¿De qué se le investiga a Oscorima?
La Fiscalía investiga a Oscorima por su presunta intervención en el proceso de licitación pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto-Vilcashuamán, Tramo Condorcocha-Vilcashuamán”.
Según la tesis fiscal, el gobernador de Ayacucho habría concertado entre junio y julio del 2014, a través de Alejandro Tello (gerente general de la empresa ALTESA Contratistas Generales) con Manuel Tejeda, funcionario de Obrainsa, para favorecer a esta última empresa a cambio de un presunto beneficio económico.
Para el Ministerio Público, la autoridad regional habría quebrantado su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, defraudando patrimonialmente al estado.
En el año 2020, un colaborador eficaz confesó al Ministerio Público que Obrainsa habría entregado una coima a Oscorima a cambio de beneficiarlos en un proceso de licitación para la construcción de una obra, así lo dio a conocer Cana N.
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