Pese a que el premier Alberto Otárola aseguró en la víspera que la mandataria respondería todas las preguntas en dicha diligencia, esto al final no ocurrió.
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Al respecto, el procurador general del Estado, Daniel Soria, informó que Campos objetó la participación de la PGE y de los abogados de las víctimas en el interrogatorio; sin embargo, Benavides rechazó su solicitud.
Frente a esta medida, el abogado adelantó que su patrocinada se acogería al derecho de guardar silencio frente a las preguntas de estas personas.
En ese sentido, Soria indicó que el abogado de su institución que estuvo presente en la diligencia se abstuvo de formular preguntas a Boluarte debido a que la investigada no respondería.
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“Han dejado participar hasta el final, lo que pasa es que no hemos preguntado porque sabíamos de antemano que la respuesta de la persona investigada, la presidenta, iba a ser acogerse a su derecho al silencio, que es un derecho que tiene todo investigado (...) ha habido un ejercicio al derecho de acogerse al silencio en esa parte de la diligencia”, señaló a RPP.
Cuestiona falta de preguntas
Respecto al contenido de las preguntas formuladas por la Fiscalía, Soria evitó explicar sobre qué trataban estas interrogantes; no obstante, criticó la falta de preguntas que contribuyan a esclarecer este caso.
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“Pero lo cierto es que, desde el punto de vista del sistema de defensa jurídica del Estado, debió haberse realizado un interrogatorio con más preguntas para llegar al fin común: el esclarecimiento de los hechos y la verdad”, consideró.
Según dijo, las preguntas elaboradas por su institución eran totalmente diferentes a las formuladas por la Fiscalía y hubieran ayudado a profundizar en aspectos esenciales que permitirían esclarecer todas las muertes ocurridas durante las manifestaciones.
“Eran preguntas que profundizaban sobre aspectos esenciales que tenían que ser conocidos. Se han hecho analizando a profundidad los hechos”, sostuvo el procurador.
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