Esto, a pesar de que el Ministerio de Justicia se opuso a dicha propuesta y recomendó observarla; sin embargo, el Ejecutivo hizo caso omiso a esta solicitud.
Al respecto, la PGE informó en un comunicado que lamentan y rechazan profundamente la decisión del Gobierno de promulgar dicha ley, que afectaría su autonomía.
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“La ley publicada vulnera gravemente el principio de igualdad, pero lo más grave es que transgrede el principio de autonomía funcional de los procuradores públicos, quebrando la unidad del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, principal garantía de su adecuado funcionamiento en la defensa de los intereses del Estado y sus instituciones, y no de las personas que las dirigen”, se lee en el texto.
En ese sentido, la institución que preside Daniel Soria anunció que el Consejo Directivo acordó tomar las acciones legales pertinentes que le faculta la Constitución y las leyes, en defensa de los intereses del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.
“Reafirmamos el compromiso de la PGE por mantener y preservar la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los procuradores, que debe cautelar los intereses del Estado y sus instituciones por encima de los intereses de las personas que las dirigen o conforman”, concluye el comunicado.
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La ley parte el sistema de defensa jurídica del Estado
En diálogo con Canal N, Soria advirtió que esta ley parte en dos el sistema de defensa jurídica del Estado, porque habrá un grupo de procuradores que no serán seleccionados por concurso público de méritos, no serán sometidos a un proceso disciplinario funcional, ni tampoco serán capacitados, mientras que otro grupo de abogados sí lo harán.
Agregó que esta norma también debilita el sistema de defensa jurídica del Estado. “Los procuradores tienen autonomía y eso implica que ellos defienden los intereses del Estado, no de los titulares de las instituciones, no de los intereses particulares que pudiera haber. La PGE respalda y defiende la autonomía, pero esos procuradores saldrán de nuestra esfera de competencia desde el día de mañana”, alertó.
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En otro momento, el procurador general del Estado saludó que el ministro de Justicia, Daniel Maurate, no haya suscrito la promulgación de esta ley en el diario oficial El Peruano.
“Nos parece saludable la posición del sector a favor de la unidad del sistema de defensa jurídica del Estado, pero la presidenta, de acuerdo a la Constitución, no está sometida al dictamen de algún ministerio”, enfatizó.
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