
Los cinco exintegrantes de la comisión especial que eligió a los actuales magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentran en la mira del Ministerio Público.
Según informó el portal Lima Times, el abogado Tito Esteves Torres presentó una denuncia penal contra estos cinco funcionarios por los presuntos delitos de omisión de funciones, negociación incompatible, tráfico de influencias y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica.
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Esto, a raíz de la elección de Gino Ríos Patio como integrante de la JNJ, pese a que registra una sentencia judicial consentida por violencia familiar psicológica contra su exesposa.
Los cinco denunciados son el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, y el Contralor General de la República, César Aguilar.
La denuncia fue ingresada a mesa de partes del Ministerio Público el pasado lunes 28. Cabe precisar que Esteves Torres postuló a una plaza en la JNJ, pero no logró ser elegido
¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA PENAL?
En la denuncia se cuestiona que los miembros de la comisión especial hayan elegido a Ríos en el primer puesto del concurso, pese a que registra una sentencia declarada consentida.
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También se critica la elección de Rafael Ruiz Hidalgo en el séptimo lugar del concurso, pese a que registra una condena suspendida de tres años. Cabe precisar que, en este último caso, se declaró su vacancia.
“De los dos hechos antes descritos; es decir, de los antecedentes judiciales con las que contaban los dos concursantes que fueron elegidos por la comisión, ha sido de conocimiento directo de los funcionarios denunciados, toda vez que en el desarrollo del concurso público de méritos han solicitado toda la información correspondiente”, se lee en la denuncia, a la que accedió Lima Times.
Esteves Torres también recordó las declaraciones que dio Gutiérrez a Cuarto Poder. En dicha entrevista, el defensor del Pueblo admitió que sí tenían conocimiento de los antecedentes de Ríos, pero precisó que no le preguntaron sobre el tema durante su entrevista “por decoro”.
“Los denunciados omitieron sus funciones al no excluir del concurso a dichos concursantes ante el impedimento legal que establecía el art. 156, numeral 5) de la Constitución, que señala que para ser miembro de la JNJ se exige no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso”, se aprecia en el texto.
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