Tras ser excarcelado por decisión del Tribunal Constitucional (TC), el expresidente Alberto Fujimori rompió su silencio y se animó a pronunciarse por la actual coyuntura política del país.
“No se justifica (un recorte de mandato). El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026, por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”, indicó.
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La respuesta desde el Ejecutivo no se hizo esperar. En conferencia de prensa, el premier Alberto Otárola negó que exista una alianza con algún partido político o con el fujimorismo, tal como aseveró el expresidente.
“No existe ninguna alianza con ningún partido político, ni tampoco con el fujimorismo en el Congreso o alguna alianza de tipo político”, señaló.
Sin embargo, el titular de la PCM sí reconoció que ha existido y existirá “acuerdos muy puntuales en políticas públicas, normas y leyes que van a convenir a los altos intereses del país”, a efectos de asegurar la gobernabilidad.
“Así que ustedes son testigos que el que habla y todos los ministros de los diversos sectores acudimos permanentemente al Congreso a demandar consensos y no disensos, a acordar una agenda pública con las agrupaciones políticas conforme a la institucionalidad de las bancadas. Repito, no tenemos ningún acuerdo con el fujimorismo ni con algún otro partido”, enfatizó.
Respecto a Fujimori, Otárola dijo que desde el Ejecutivo desean que “siga cuidando su salud, que es una de las razones por las que, entiendo, los jueces han concedido el indulto”.
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“El Ejecutivo no ha hecho más que acatar una sentencia del Tribunal Constitucional y creemos que lo que necesita el país es el consenso y no el disenso”, añadió.
Sobre la reforma del sistema de justicia
En el documento se precisa que, ante la crisis del Sistema de Administración de Justicia en el país, que involucra al Poder Judicial, Ministerio Publico y JNJ, “se hace innegable la necesidad de una reforma urgente”.
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“Hay que recordar que, a través de la Ley 30942, se creó una instancia multinivel denominada Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia; no obstante, este ha demostrado ser una instancia absolutamente ineficiente. Por ello, proponemos un debate abierto sobre una reforma realista del sistema, a realizarse en un plazo no mayor a 60 días hábiles”, se lee en el texto.
En el último Pleno del 2023 la moción fue debatida; sin embargo, no se alcanzaron los votos suficientes para su aprobación. Ante esta situación, el legislador Fernando Rospigliosi presentó un recurso de reconsideración de dicha votación, por lo que el tema quedó pendiente y deberá ser visto en esta legislatura.
Al ser consultado por esta moción, Otárola consideró que, en caso se apruebe la creación de esta comisión, “puede agregar a la estructura existente para discutir sobre la reforma del sistema de justicia”.
Sin embargo, recordó que hace poco sesionó el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que lidera el Ejecutivo y que reúne a los titulares de todos los poderes públicos del país. A su juicio, este grupo de trabajo “es el mejor instrumento institucional para avanzar hacia un proceso de reforma seria”.
“Hemos aprobado una agenda (de trabajo) y este es un esfuerzo que viene desde años atrás. Desde el Ejecutivo creemos que la mejor manera de continuar con un debate tan complejo, pero a la vez tan importante para el país, es a través de esta institucionalidad que ya existe”, apuntó.
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