Bermúdez también explicó que el Gobierno adquirió vacunas de Sinopharm en base a información de ensayos clínicos realizados en Emiratos Árabes, que indicaron una eficacia de 79.3%. (Foto: GEC)
Bermúdez también explicó que el Gobierno adquirió vacunas de Sinopharm en base a información de ensayos clínicos realizados en Emiratos Árabes, que indicaron una eficacia de 79.3%. (Foto: GEC)

La presidenta del Consejo de Ministros, , se refirió esta mañana al informe emitido por un medio de comunicación sobre una supuesta baja eficacia de las vacunas de Sinopharm que se están aplicando en el Perú y señaló que ha encargado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos analizar el tema para evaluar las medidas legales que posteriormente se adoptarán.

Bermúdez señaló que en el Gobierno están convencidos que la libertad de expresión es un valor fundamental, pero consideró que como todo derecho tiene límites, la libertad de expresión no puede colisionar con la información mal intencionada para poner en peligro la seguridad y la salud pública.

“Hemos encargado al Ministerio de Justicia que analice la situación para evaluar qué medidas legales vamos a adoptar”. señaló la premier en una conferencia de prensa.

Calificó de “irresponsable” emitir un informe sobre los ensayos clínicos de esta vacuna que es preliminar, pues según dijo, el documento es incompleto al faltar más del 40% de información respecto de los ensayos clínicos que se han realizado en el Perú.

En efecto, esta mañana la encargada del estudio clínico de Sinopharm en Perú, Coralith García, señaló que aún no se conoce la eficacia de la vacuna y .

Bermúdez también explicó que el Gobierno adquirió vacunas de Sinopharm en base a información de ensayos clínicos realizados en Emiratos Árabes, que indicaron una eficacia de 79.3%. Dicho información también fue dada a conocer esta semana por el Ministerio de Salud (Minsa).

“Hemos adquirido vacunas que están sustentadas en ensayos clínicos en otros países”, precisó la presidenta del Consejo de Ministros.

Respecto a la publicación del informe, indicó que el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia directa, por lo que existen responsabilidades que se deben investigar. “Entiendo que en general los ensayos clínicos deben guardar una reserva hasta el momento en que se emita el informe final”, dijo.

Como se recuerda, Willax TV informó la noche del último viernes que los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm en Perú habría arrojado una eficacia del 33.3% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11.5% para la cepa de Beijing.

Ataques y mentiras

Bermúdez también calificó como un “ataque” y una “mentira más” que se esté buscando cuestionar el proceso de vacunación contra el coronavirus con la difusión de datos de un informe preliminar sobre la eficacia de las dosis de Sinopharm que ya se están aplicando en el Perú.

“Este Gobierno de transición y emergencia defenderá la salud pública y la democracia ante los ataques constantes que viene recibiendo. Estos ataques tienen como objetivo desprestigiar la inoculación y polarizar a la población a cinco semanas de las elecciones generales”, dijo esta mañana en una conferencia de prensa.

“Se ha intentado vincularnos como responsables del ‘vacunagate’, han fracasado. Luego intentaron que entremos en una confrontación con el sector privado por una falsa compra de vacunas rusas. Fracasaron. Poco a poco, la llegada de vacunas va callando las críticas y ante el inicio exitoso del proceso de vacunación, se arma una mentira más para poner en duda las vacunas para toda la población”, añadió.

Indicó que es inaceptable, para una democracia y para la defensa de la salud pública, que por intereses particulares se intente condenar a muchos peruanos y peruanas, sobre todo a los más vulnerables, a la población adulta mayor, a no tener escudo de defensa frente a la pandemia.

En esa línea, hizo un pedido para que “los partidos democráticos de todas las tendencias políticas”, así como la sociedad civil, gremios empresariales y medios de comunicación responsables, además de a toda la ciudadanía, que defiendan la salud pública y la democracia “que tanto nos ha costado sostener”.