El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la denuncia que presentó la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los 49 ciudadanos que murieron durante las protestas que se suscitaron en su contra al asumir el mandato, entre diciembre de 2022 e inicios de 2023.
“Descartamos cualquier posibilidad de que vaya a prosperar esta denuncia contra la presidenta de la República. No obstante estamos haciendo las primeras coordinaciones para que en breve término una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes del alto tribunal a efectos de hacer llegar preliminarmente la posición del Estado peruano frente a estos hechos”, expresó el premier a la prensa tras el Consejo de Ministros.
Adrianzén sostuvo que la denuncia no cumple con los requisitos necesarios para ser admitida, mencionó como ejemplo que de acuerdo al Estatuto de Roma lesa humanidad significa: asesinato, exterminio, excarcelación, tortura, violación sexual, entre otros graves hechos pero estas figuras delictivas están relacionadas fundamentalmente a que dichos actos sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. “Esta sola condición no se ha presentado y en consecuencia, en opinión del que habla, esto descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la Corte Penal Internacional”, apuntó.
Además dijo que tampoco se habría cumplido un principio básico de admisibilidad para que la Corte Penal Internacional acoja una denuncia de esta naturaleza, pues es inadmisible cualquier denuncia que sea objeto de una investigación o de enjuiciamiento por parte de los órganos del Estado que tiene jurisdicción. “ Y como es de conocimiento los lamentables sucesos están siendo investigados en por la Fiscalía”, anotó.
¿Qué dice Aprodeh y FIDH?
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) denunciaron a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los 49 ciudadanos que murieron durante las protestas que se suscitaron en su contra al asumir el mandato, entre diciembre de 2022 e inicios de 2023.
Aprodeh y FIDH impusieron esta querella contra la jefa de Estado, por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Ambas organizaciones sostuvieron una reunión con la Fiscalía de la CPI para presentarle las evidencias de los presuntos asesinatos e intentos del mismo durante las protestas.
Según dichos grupos cuentan con informes que especifican las causas de los decesos y los patrones de lesiones que precisan como ataques sistemáticos.
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Además, señalaron que los militares y policías hicieron uso desproporcionado de la fuerza, que mencionan fue, en su mayoría, contra “hombres jóvenes e indígenas”.
La postura del Gobierno sobre los fallecidos durante las protestas
Desde el Gobierno se ha defendido la inocencia de la mandataria, incluso cuando aún era premier Alberto Otárola señaló que la jefa de Estado no debe responder por estos lamentables hechos, sino el exmandatario Pedro Castillo.
Otárola indicó que el responsable político de estos decesos es una persona que “generó una actitud irresponsable, un golpe de Estado, toda esta secuela de violencia, de víctimas y afectación a la infraestructura pública y privada”.
“Ese señor ahorita está (preso) en Barbadillo. Ese es el que tiene que responder a la historia”, dijo en alusión a Castillo.
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Respecto a la forma en que se controló las protestas, el premier en ese momento insistió en que el Gobierno hizo lo que se tenía que hacer, en el sentido de respetar la integridad y vida de los peruanos, pero lamentando los hechos ocurridos y recuperando la paz.
“La explicación seria la tiene que dar el Ministerio Público, ya que ha iniciado una investigación y tendrá que identificar las responsabilidades. Desde el primer día nosotros hemos lamentado las muertes de nuestros compatriotas y se tomaron decisiones inmediatas para dar asistencia a las víctimas, a los familiares de los fallecidos, los ministros viajaron a Puno y Ayacucho, fueron decisiones que se tomaron de carácter humanitario en pleno respeto a los derechos humanos”, remarcó.
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Recordó que se ha dado todas las facilidades a la Fiscalía para que realicen su labor y que desde el Ejecutivo se ha exigido una indagación célere para hallar las responsabilidades del caso.
“Las lamentables muertes se tendrán que investigar una por una (...) (no debe haber) esa narrativa inverosímil, abusiva, ideologizada, de unas instituciones que están viniendo al país a imponer su verdad. Esa no es la narrativa correcta. Acá lo que hubo es una situación en la que un grupo violento ha intentado tomar aeropuertos y se produjeron hechos lamentables que tiene que investigar la Fiscalía”, añadió.
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