1 / 10 ¿Qué acciones implementaría su gobierno para la instauración de una política nacional en materia de anticorrupción?
2 / 10 ¿Cuál es su posición respecto a la regulación y penalización del financiamiento ilícito en los partidos políticos, así como la inhabilitación de candidatos con antecedentes penales por delitos de corrupción y/o lavado de activos?
3 / 10 ¿Cómo fomentaría el desarrollo de capacidades para el análisis de riesgos y medición de la corrupción en las distintas entidades del Estado?
4 / 10 Si bien existe un sistema encargado de la detección, investigación y sanción de los delitos contra la administración pública, ¿qué mecanismos implementaría para optimizar los procesos de coordinación interinstitucional y solucionar casos relacionados con
5 / 10 Respecto al lavado de activos, ¿considera pertinente brindar mayores facultades y funciones de fiscalización y sanción a la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Cómo dialogaría con otras instituciones como la Fiscalía de Lavado de Activos?
6 / 10 Existe una serie de requisitos de adopción de estándares normativos internacionales en el proceso de ingreso del Perú a la OCDE. ¿Cuál es su postura respecto al anteproyecto de ley sobre responsabilidad penal de personas jurídicas?
7 / 10 Respecto a la infraestructura institucional para la lucha contra la corrupción, ¿cómo articularía la política del sistema funcional anticorrupción con cada una de las instituciones del Estado? ¿Específicamente con los Gobiernos regionales y locales?
8 / 10 ¿Cuál sería su propuesta para optimizar los sistemas de gestión de información, entre las entidades que componen el sistema anticorrupción, en temas vinculados con delitos de corrupción?
9 / 10 Respecto a la Comisión Ejecutiva Multisectorial Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Contralaft), ¿qué medidas considera pertinentes implementar a fin de fortalecer su rol y funciones?
10 / 10 Una de las grandes debilidades del sistema de control interno es la dependencia de los funcionarios de las oficinas de control institucional (OCI) a las propias instituciones que fiscalizan. ¿Cuál sería su propuesta al respecto?
Redacción Gestión