(Foto: Grupo EC)
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El pasado 30 de agosto el presidente Martin Vizcarra disolvió el Congreso de la República, invocando que se le habría negado la confianza dos veces a su Consejo de Ministros, por lo que la Constitución lo facultaba a deshacerse del órgano pilar del poder legislativo.

Como consecuencia de esto, el 10 de octubre Pedro Olaechea, presidente del Congreso y actual presidente de la Comisión Permanente interpuso una demanda de conflicto de competencias contra el Poder Ejecutivo. El Tribunal Constitucional ha admitido la demanda, dando inicio al proceso.

El Tribunal Constitucional señala que pese a que no se ha contado con autorización expresa del Pleno del Congreso para interponer esta demanda, lo cual exige la Constitución, se debe entender que el Pleno ya no se encuentra en sesión y exigir este requisito sería un imposible jurídico, puesto que se trata de un “órgano que no se encuentra en funciones”.

En ese sentido, para garantizar el equilibrio de poderes del Estado, se ha permitido que la autorización venga de la Comisión Permanente del Congreso. Señalan que ni los constituyentes de 1993 o los autores del Código Procesal Constitucional se pusieron en la situación que actualmente se vive.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional es reacio en su aceptación de la demanda, comentando que “admitir a trámite la demanda no presupone que la misma vaya a ser amparada”.

Acerca de si le compete al TC admitir un asunto relacionado con la disolución del Congreso mediante una demanda de competencia, señalan que “una controversia que gira en torno a la legitimidad de la disolución del Congreso de la República es uno de los más importantes y urgentes conflictos constitucionales que podrían ser materia del proceso de competencia”, aclarando cualquier duda al respecto.

-Conflicto de Competencias-

Recordamos que una demanda de conflicto de competencias es aquella que tiene como objeto que se declare que alguno de los poderes o entidades ha adoptado decisiones que van contra sus competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes le dan a otra entidad.

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