Daniel Salaverry fue condenado a ocho años de prisión efectiva por el delito de peculado. (Foto: Andina)
Daniel Salaverry fue condenado a ocho años de prisión efectiva por el delito de peculado. (Foto: Andina)
Redacción Gestión

La situación judicial del expresidente del Congreso, , se agrava. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a ocho años de prisión efectiva, al hallarlo culpable del delito de peculado doloso.

Además, se ordenó que pague S/119,577 por concepto de reparación civil, así como se le impuso 360 días multa (equivalentes a S/71,699.40), que deberá abonar a favor del Estado.

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El exlegislador de fue inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

No obstante, la sala judicial determinó que la condena no se ejecutará hasta que quede firme; es decir, hasta que sea ratificada en una segunda instancia.

Frente a ello, se le impuso diversas reglas de conducta mientras se resuelva el recurso de apelación, entre ellos, el también expresidente del directorio de deberá presentarse a la autoridad judicial el primer día de cada mes para el control biométrico, así como deberá ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización.

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¿De qué se la acusa a Salaverry?

Salaverry fue procesado por presentar informes de semanas de representación que contenían información falsa para sustentar actividades que supuestamente realizó como congresista entre los meses de noviembre del 2017 y marzo del 2018.

Estos documentos incluían fotos y registros de actividades falsas, por lo que el exlegislador fue acusado constitucionalmente para que se levante su fuero y afronte un proceso penal.

De acuerdo con la la sentencia, quedó acreditado que Salaverry no cumplió con las semanas de representación de las fechas 21 al 24 de noviembre del 2017, 27 al 30 de diciembre del 2017, 22, 24 y 25 de enero del 2018, 19, 20 y 21 de febrero del mismo año y 26, 27, 29 y 30 de marzo.

Los otros acusados son sus exasesores Marco Quesada Castro, Luis Calderón Carbajal, así como su exasistente Juan Carlos Llontop Gamarra y el extrabajador parlamentario Segundo Ortiz Ramírez. Todos ellos, según lo aprobado en la acusación, se habrían beneficiado económicamente con viáticos y pasajes (terrestres y/o aéreos).

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