Los casos Petro Perú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, continuarán viendose en bloque. (Foto: Poder Judicial)
Los casos Petro Perú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, continuarán viendose en bloque. (Foto: Poder Judicial)

El Poder Judicial rechazó el pedido del expresidente para desacumular las investigaciones que afronta en la Fiscalía por presunta organización criminal a raíz de los casos Petro Perú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

De esta manera seguirá afrontando una investigación preparatoria en la Fiscalía por presunta organización criminal rn base a dichos casos.

El juez supremo provisional declaró “infundada” la solicitud que hizo el exmandatario, el último 11 de abril, informó RPP.

La defensa legal del exjefe de Estado alega que los tres hechos mencionados son diferentes en tiempo y espacio, no existiendo conexión entre los mismos y ni conexión entre los investigados y por ello solicita que estos tres casos contenidos en la carpeta principal N°66-2023 se desagreguen.

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Agregó que todo un año, la fiscalía se dedicó a investigar un solo hecho dejando de hacerlo en los otros dos y manifiesta que con la nueva norma estos delitos ya no son parte de una organización criminal.

No obstante, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley determinó que en este caso no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 51 del Código Procesal Penal para que proceda la separación de una investigación seguida contra altos funcionarios a fin de que sea incorporada a procesos independientes seguidos ante fiscalías y juzgados superiores.

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El juez supremo provisional Checkley Soria remarcó que dicha investigación está dirigida contra tres ex altos funcionarios del Estado como lo fueron el expresidente Pedro Castillo y los ex ministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado, proceso que, por razón de la función pública, es de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la República “por lo cual, no resulta viable desacumular una investigación contra altos funcionarios, para remitir la competencia a juzgados y fiscalías superiores.

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