Martín Vizcarra enfrentará el proceso por presuntos sobornos en libertad, pero con restricciones impuestas por el Poder Judicial. Foto: GEC.
Martín Vizcarra enfrentará el proceso por presuntos sobornos en libertad, pero con restricciones impuestas por el Poder Judicial. Foto: GEC.

El declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el expresidente , en el marco de la investigación que se le sigue por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional determinó que no se cumplen los requisitos para dictar la medida, y dispuso que continúe el proceso en libertad, bajo reglas de conducta.

Luego de una audiencia que fue suspendida y retomada por la tarde, el juez Víctor Alcocer concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar un peligro de fuga.

Si el juez desestimó el pedido de prisión preventiva, impuso al exmandatario medidas restrictivas, como la prohibición de acudir a sedes diplomáticas, el impedimento de salida del país por seis meses adicionales, la obligación de pasar por control biométrico y la prohibición de comunicarse con representantes diplomáticos.

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Tras concluir la audiencia, el expresidente Martín Vizcarra expresó su desacuerdo con las restricciones impuestas por el Poder Judicial, a pesar de que se desestimó el pedido de prisión preventiva en su contra. Anunció que presentará una apelación contra dichas medidas, al considerar que no son proporcionales ni justificadas.

Vizcarra afirmó que no existía sustento en la solicitud del Ministerio Público y que la resolución del juez confirma que no hay riesgo de fuga, tal como lo argumentó su defensa. Recordó que no ha salido del país en los últimos años, que su pasaporte está en poder de la Fiscalía desde hace cinco años y que siempre ha actuado dentro del marco legal. “Vamos a seguir recorriendo el país, como corresponde. Se ha respetado el debido proceso y el estado de derecho”, concluyó.

El juez Víctor Alcocer desestimó el pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, al no encontrar riesgo de fuga. Foto: GEC.
El juez Víctor Alcocer desestimó el pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, al no encontrar riesgo de fuga. Foto: GEC.

La Fiscalía, a cargo de Germán Juárez Atoche, había solicitado seis meses de prisión preventiva, al sostener que Vizcarra recibió aproximadamente S/ 2.3 millones en sobornos por los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. El exmandatario, que se presentó a la audiencia, reiteró que las imputaciones en su contra tienen un trasfondo político y aseguró que seguirá colaborando con las investigaciones.

AUDIENCIA

Este viernes, el evaluó el pedido del de imponer 6 meses de prisión preventiva contra el expresidente , en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

En la previa, el juez Víctor Alcocer había suspendido la audiencia indicando que los apercibimientos decretados continúan vigentes. Hoy correspondió la réplica y la dúplica de las argumentaciones, así como el uso de la palabra por parte del exmandatario, a quien se le convocó nuevamente de manera presencial.

Durante la audiencia, el expresidente cuestionó la lógica del Ministerio Público al sugerir que intentó fugar del país por vía terrestre. “¿Quién, en su sano juicio, intentaría huir en un bus interprovincial lleno de pasajeros?”, cuestionó. Señaló que no necesitaba recurrir a un terminal para trasladarse a Puno, ya que actualmente solo pesa sobre él una comparecencia simple.

Juez Alcocer impuso para el exmandatario Martín Vizcarra medidas restrictivas como el impedimento de salida del país y control biométrico. Foto: GEC.
Juez Alcocer impuso para el exmandatario Martín Vizcarra medidas restrictivas como el impedimento de salida del país y control biométrico. Foto: GEC.

Recordó que en febrero estuvo en dicha región, al lado de Bolivia, y no cruzó la frontera porque, según dijo, no tiene intención de abandonar el país. También mencionó visitas recientes a zonas limítrofes como Tacna, Tumbes y Caballococha (Loreto), fronterizas con Chile, Ecuador, Colombia y Brasil, respectivamente, subrayando que en todas esas ocasiones regresó al país cumpliendo sus obligaciones judiciales.

Vizcarra también hizo referencia a su vínculo laboral como evidencia de arraigo: afirmó tener un contrato con el partido Perú Primero, organización política que él mismo fundó. Si bien el JNE lo excluyó del padrón, aseguró que sigue activo como simpatizante y principal figura del partido. “El Comité Ejecutivo Nacional me ha encargado posicionar al partido a nivel nacional y por eso recorro el país. Yo soy el rostro más conocido de Perú Primero”, argumentó, agregando que por esta labor recibe una remuneración formal.

Respecto a la supuesta relación con autoridades bolivianas, el exmandatario desmintió cualquier vínculo cercano con el presidente Luis Arce. Explicó que en 2013 facilitó una reunión entre autoridades bolivianas y funcionarios peruanos en el puerto de Ilo, cuando Arce era ministro de Economía, pero que después de esa breve interacción —de no más de 40 minutos— nunca volvió a tener contacto con él. “¿Qué tipo de amistad es esa? No tengo ningún nexo ni necesito tenerlo. Aquí lo que hay es el ‘trauma Nadine’, que pidió asilo a Brasil, pero yo no tengo nada que ver con ese caso”, dijo en referencia al caso de Nadine Heredia.

Finalmente, Vizcarra expresó su respeto por el Poder Judicial y reafirmó su disposición a colaborar con la justicia. “Aunque estuve de viaje toda la semana, apenas recibí su citación, me hice presente. Primero me conecté virtualmente desde Tarapoto y luego, al ser requerido presencialmente, acudí. Siempre daré la cara porque he asumido un compromiso con el sistema judicial, con mi país y con millones de peruanos que creen en la misma línea política. Huir sería traicionarlos”, concluyó.

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La audiencia tuvo como objetivo evaluar los riesgos procesales que justifican la restricción de libertad: posible fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro para la continuidad del proceso judicial.

Vizcarra, quien enfrenta múltiples investigaciones tras su salida del poder en 2020, ha negado todas las acusaciones y defendido su derecho a la defensa, insistiendo en que su caso forma parte de una estrategia de persecución política.

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