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Esta mañana se realizó en Palacio de Justicia la ceremonia por el inicio del año judicial 2024. El evento estuvo presidido por el presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo Vela, y contó con la presencia de varios altos funcionarios, como la presidenta Dina Boluarte, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el contralor Nelson Shack, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entre otros más.
En su discurso, Arévalo rechazó y expresó su preocupación por dos iniciativas que están en agenda del Parlamento.
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Estas son: la moción multipartidaria que plantea crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema de administración de justicia y el proyecto de ley de Alianza para el Progreso (APP) que busca que el Congreso pueda destituir jueces y fiscales.
“Todo proyecto es debatible, toda iniciativa, propia en una democracia, se le debe someter a consideración de la población, pero lo que queremos decir en defensa de nuestra independencia es que ninguna iniciativa puede pasar si previamente no nos es consultada”, indicó.
Si bien reconoció que el sistema de justicia en general durante el año pasado ha tenido algunos problemas, precisó que eso no puede llevar a que se pretenda modificar las estructuras de las instituciones.
“Muchas veces los errores, los problemas son propios de las personas, no de las instituciones. En tal sentido, creemos que ningún proyecto de reforma debe pasar sin previo debate y sin previa consideración por parte del Poder Judicial. No aceptaremos ninguna otra posibilidad”, recalcó.
Además, recordó que su institución ha exigido al Ejecutivo mejoras presupuestales, así como reiteró que presentaron un proyecto de ley con la finalidad de destinar el 2% del presupuesto nacional al Poder Judicial. “Esperamos que esta propuesta, que está en el Parlamento, reciba el apoyo necesario”, apuntó.
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Transparencia y lucha contra la corrupción
En otro momento, Arévalo recordó que durante el 2023 se han sancionado, con destitución, a 40 jueces de paz no letrados, así como se solicitó ante la JNJ la destitución de 54 jueces de paz, especializados y superiores.
Se tramitó ante el Consejo Ejecutivo de la institución 7 pedidos para destituir a jueces de paz, especializados y superiores.
“Además, hemos aplicado sanciones menores, por ejemplo, 63 medidas de suspensión a jueces de paz especializados y superiores, 4 multas y 10 amonestaciones. En lo que respecta a jueces de paz no letrados, se aplicaron dos suspensiones”, dijo tras precisar que, en total, se aplicaron 180 sanciones.
En cuanto a los trabajadores del Poder Judicial, Arévalo añadió que el año pasado se ha destituido a 48 auxiliares jurisdiccionales, así como se impuso sanciones menores de suspensión a 59 trabajadores y 2 amonestaciones.
“Se está trabajando en corregir aquellas conductas indebidas. Lo que lamentaríamos es que estos trabajadores y jueces cuya destitución se ha propuesto no lleguen a ser realmente sancionados”, acotó.
El titular del Poder Judicial enfatizó que todos los casos han sido enviados a la JNJ y que a todos los trabajadores que han sido sancionados se les ha respetado el debido proceso.
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