El Poder Judicial ordenó reponer a María Caruajulca Quispe en el cargo de procuradora general del Estado, luego de que fuera nombrada y posteriormente destituida en el gobierno de Pedro Castillo.
Así lo dispuso la Primera Sala Constitucional, de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuto dictamen revoca la resolución que declaró improcedente la medida cautelar solicitada por María Caruajulca Quispe.
De esta manera, dispuso la suspensión provisional de la resolución suprema N° 188-2022-JUS, publicada el 6 de octubre de 2022, que resolvió dar por concluida su designación como procuradora general del Estado.
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“Ordenar la reposición inmediata de María Aurora Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado, hasta que se emita resolución definitiva en última instancia en el proceso principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Nuevo Código Procesal Constitucional”, señaló el tribunal.
Además, le dio un plazo de tres días al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que cumpla con lo establecido.
En octubre del 2022, el gobierno de Pedro Castillo retiró de María Caruajulca Quispe del cargo de procuradora general del Estado luego que un informe de la Contraloría advirtiera que había sido designada en el puesto a pesar de que no presentó una declaración jurada de que no tenía procesos en su contra.
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En la resolución suprema 188-2022-JUS solo se consigna que se da por concluida la designación de Caruajulca Quispe “por pérdida de confianza” y se le da “las gracias por los servicios prestados”.
El documento que retira a dicha funcionaria precisa que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el presidente de la República puede remover del cargo a titulares de organismos públicos “por causal de pérdida de confianza”, el mismo argumento esgrimido en la resolución que concluyó con la designación de Soria Luján.
Caruajulca Quispe ingresó el 25 de febrero del 2022 en reemplazo de Daniel Soria Luján, quien fue retirado del puesto luego que presentara una denuncia ante la Fiscalía de la Nación para que el entonces presidente Pedro Castillo fuera investigado por el caso Puente Tarata.
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