La exprimera dama, Nadine Heredia, sufrió otro revés judicial. El Poder Judicial ordenó el embargo, en forma de inscripción, del 100% de las acciones que posee la esposa del expresidente Ollanta Humala en su empresa BAKERY 180 E.I.R.L., dedicada al rubro de la pastelería. El monto de dichas acciones equivalen a S/7,245.
Esto, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Gasoducto del Sur. En dicho proceso es investigada por los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir.
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“También se dispuso la orden de inhibición del 100 % de acciones que posee Heredia Alarcón, en sociedad conyugal, en BAKERY 180. Asimismo, Sunarp deberá realizar las anotaciones de estás medidas judiciales en la partida registral de la empresa”, informó el Poder Judicial en sus redes sociales.
De esta manera, el juez Leodan Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, admitió la medida cautelar de embargo solicitada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso Odebrecht, con el fin de salvaguardar parte de una eventual reparación civil a favor del Estado.
“De la revisión del contenido de la Partida Registral No. 14490152 de la persona jurídica BAKERY 180 E.I.R.L. en la Oficina Registral de Lima se aprecia que la imputada Nadine Heredia Alarcón posee 7,245 participaciones. Siendo un bien que solo es de la investigada a título personal, su afectación es inmediata”, se lee en la resolución judicial.
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Hay riesgo de transferencia del bien
El magistrado también consideró que, con todas las pruebas aportadas por la Procuraduría en contra de la exprimera dama, se podría inferir que existe el eventual riesgo de transferencia del bien en mención, lo que podría devenir en una imposibilidad del pago de una eventual reparación civil por parte de Heredia o que se torne en imposible.
De acuerdo a la tesis fiscal, Nadine Heredia, durante el gobierno de su esposo, habría gestado reuniones con representantes de la empresa Odebrecht (hoy Novonor), con quienes habría concertado en perjuicio del patrimonio del Estado.
“Se le imputa haber asumido un rol fundamental en las tratativas con los empresarios extranjeros como fueron los representantes del grupo empresarial Odebrecht, además de reunirse con los funcionarios que participaron directamente en la última etapa del proceso de contratación del proyecto ‘Gasoducto Andino del Sur’”, sostiene el Ministerio Público.
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