El Poder Judicial revocó la comparecencia con restricciones que pesaba sobre Betssy Chávez y dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra, al considerar que existe un “peligro de fuga palpable” y un riesgo concreto de que el juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022 pueda frustrarse. La decisión incluye su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
La resolución, emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, señala que desde el 20 de octubre la expresidenta del Consejo de Ministros dejó de cumplir con el control biométrico obligatorio -programado cada siete días- y tampoco asistió a las citaciones judiciales relacionadas al proceso que comparte con el expresidente Pedro Castillo.
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“Posterior a dicho control existe un evidente incumplimiento de la acusada Chávez Chino respecto a la restricción impuesta en su contra…”, se indica en el documento.
Chávez, sin embargo, permanece desde el 2 de noviembre en la residencia de la Embajada de México en Lima, donde solicitó asilo. Su permanencia allí ha generado un fuerte impasse diplomático: el canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones con el país norteamericano y el Gobierno decidió postergar el otorgamiento del salvoconducto mientras consulta a los países de la OEA sobre los alcances de la Convención de Caracas.
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Antecedentes y proceso en curso
Tras recuperar su libertad el 3 de septiembre por un fallo del Tribunal Constitucional, Chávez quedó sujeta a reglas estrictas de conducta: permanecer en Lima, cumplir con el registro biométrico y acudir ante la autoridad judicial o fiscal cuando fuese requerida. El incumplimiento de estas obligaciones fue el principal fundamento para que el juez Checkley ordenara cambiar la comparecencia por prisión preventiva.
La Fiscalía acusa a Betssy Chávez como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado y ha solicitado una pena de 25 años de prisión, además de su inhabilitación por dos años y medio para ejercer función pública.
En el plano político, el Congreso rechazó inicialmente inhabilitarla por diez años por el intento de golpe de Estado; sin embargo, la Comisión Permanente aprobó después un segundo informe que propone apartarla de la función pública por el mismo periodo.
