
El expresidente Martín Vizcarra sufrió un nuevo revés judicial que lo mandará a prisión hasta que culmine el juicio oral en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, declaró fundado el pedido del Ministerio Público e impuso prisión preventiva contra el exmandatario por el plazo de cinco meses.
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Durante la lectura de su sentencia, el magistrado concluyó que sobre el exjefe de Estado existe un riesgo de fuga, ya que este no demostró tener un arraigo laboral y familiar comprobado. Pese a que Vizcarra demostró tener un arraigo domiciliario, dijo que esto no es suficiente.
En ese sentido, Chávez Tamariz recordó que está próxima la emisión de la sentencia contra el exmandatario en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, por lo que consideró que “asegurar la presencia física del acusado cuando deba ser resuelta su situación es imprescindible, más si el plazo que se solicita para privarle de su libertad es breve (6 meses)”.
“Existe peligro procesal, existe peligro de fuga, sustentando en falta de arraigo laboral y familiar, un comportamiento cuestionable y una pena posible a imponer”, advirtió el magistrado.
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Añadió que también existen graves y fundados elementos de convicción del delito de cohecho atribuido a Vizcarra, así como se cumple con el prognosis de la su probable pena en caso sea sentenciado por estos hechos.
“No se puede negar la identidad de una prisión preventiva, en cuanto a la necesidad (...) el acusado ahora solo tiene comparecencia simple, no es suficiente para asegurar su presencia en el proceso”, remarcó el juez.

CUESTIONA CONTRATO CON EMPRESA FAMILIAR Y ASESORÍAS A PERÚ PRIMERO
El último domingo, Panorama reveló que Vizcarra recibió S/ 18,000 por asesorías políticas a su partido, Perú Primero, además de cobrar S/ 10,000 mensuales de su empresa familiar Urbaniza 3D S.A.C.
El programa difundió una serie de documentos en los que se evidencia que el exmandatario emitió un recibo por honorarios por un proyecto de habilitación urbana, empresa gestionada por su esposa y sus hijas. Esto, con la finalidad de demostrar arraigo laboral.
Al respecto, Chávez Tamariz determinó que el contrato presentado por el exmandatario en la audiencia es “cuestionable” debido a que la empresa en mención tiene como gerente a su esposa, así como está vinculada a su propio hermano.
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“Se instrumentalizó todo ello para generar un arraigo laboral”, concluyó.
En cuanto al contrato de Vizcarra por asesorar a Perú Primero, el magistrado advirtió que dicho documento se legalizó luego de que solicitaron prisión preventiva en su contra.
Según dijo, se refiere a “actividades genéricas” y agregó que los pagos que este recibió no fueron mensuales. Solo se realizó uno solo pago luego de la primera audiencia de prisión preventiva.
“El acusado buscó manipular al sistema judicial con contratos y documentos para evitar medidas en su contra (...) después del primer pedido de prisión preventiva, buscó desesperadamente sanear este arraigo”, enfatizó Chávez Tamariz.
Al término de la lectura de sentencia, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, dijo sentirse conforme con la decisión, mientras que el abogado del exjefe de Estado, Erwin Siccha, anunció que presentarán una apelación.
Vizcarra, quien se encontraba presente en la audiencia, fue detenido en el acto para su internamiento en un centro penitenciario. Al cierre de la edición, aún no era trasladado al Penal de Barbadillo, en Ate.

La Fiscalía acusa al exmandatario de haber recibido sobornos por S/2.3 millones de las empresas ICCGSA y Obrainsa cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua para la adjudicación de dos obras: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Por estos hechos, solicitó que se le imponga una condena de 15 años de prisión efectiva por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
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VIZCARRA DENUNCIA QUE VIVE UN “VÍA CRUCIS” JUDICIAL
Durante su intervención, Vizcarra aseguró tener un arraigo laboral pleno, pese a los cuestionamientos de la Fiscalía.
“Mi arraigo laboral es pleno. Desde la última citación en el Poder Judicial, en donde se rechazó la prisión preventiva, yo he continuado haciendo este trabajo, así que hemos cumplido completamente todo lo que corresponde”, sostuvo.
También cuestionó las declaraciones que dieron los testigos eficaces, al señalar que dieron una “delación falsa”.
“Un delincuente que se acepta como tal cambia toda una vida en la cárcel con tal de una delación falsa contra mi persona”, remarcó.
Finalmente, dijo confiar en el Poder Judicial, pese al “vía crucis” judicial que vive en todos estos años.
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