El jueves se emitió la primera sentencia judicial a raíz de una acusación presentada por el Equipo Especial Lava Jato, del Ministerio Público.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional dictó ocho años de prisión efectiva contra Samuel Campusano Dulanto, sindicado como el intermediario de las coimas que pagó la empresa brasileña Odebrecht (hoy Novonor) en el caso ‘Bonos Soberanos’.
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También se impuso seis años de prisión suspendida en contra de Pedro Cobeñas Aquino, investigado por el delito de cohecho. El acusado es funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y actualmente se desempeña en el cargo de director de Créditos de la Dirección General de Tesoro Público.
El economista fue nombrado en dicho puesto gracias a una resolución firmada por el ministro del sector, José Arista, desde el pasado 24 de febrero.
El tercer sentenciado fue el abogado Gustavo Montecinos Atao, quien recibió dos años y 8 meses de prisión suspendida por el delito de encubrimiento real.
“El tribunal valoró para su decisión los correos electrónicos entre los acusados, documentos hallados sobre el trámite de los bonos, registro regular de llamadas, encuentros y pagos mensuales de las coimas”, informó el Poder Judicial en sus redes sociales.
Tras conocerse esta decisión, el abogado de Campusano pidió a la sala judicial que mientras se tramitan las apelaciones que van a presentar contra esta condena, se suspenda la aplicación de la medida en contra de su cliente; sin embargo, los jueces que integran el tribunal rechazaron su demanda.
La lectura completa de sentencia judicial se realizará el próximo 9 de julio en una audiencia virtual, a las 3:30 p.m.
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¿De qué trata el caso ‘Bonos Soberanos’?
De acuerdo con la acusación fiscal del Equipo Especial Lava Jato, en el año 2014 los hermanos Samuel y Carlos Campusano Dulanto ofrecieron a Renato Ribeiro Bortoletti, exdirectivo de Odebrecht, utilizar sus influencias en el MEF para el trámite de emisión de bonos soberanos por un valor de S/ 177 millones.
La emisión de bonos generó el desembolso de este dinero y sirvió para que el Gobierno Regional del Cusco pague la deuda que tenía con la constructora brasileña por la construcción de la Vía de Evitamiento, de esa ciudad.
Carlos Campusano reveló que Cobeñas Aquino habría recibido de su hermano, Samuel Campusano, entre S/ 100,000 y S/ 150,000, a cambio de realizar gestiones y brindar autorizaciones para que se haga efectiva la emisión de los referidos bonos.
Este caso se inició en el 2017 por la colaboración eficaz de Odebrecht. En noviembre del año 2020, el fiscal Germán Juárez Atoche presentó ante el Poder Judicial el requerimiento acusatorio en contra de los tres investigados.
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