El Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra el exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, el excongresista de Fuerza Popular, Víctor Albrecht, y otros 21 presuntos integrantes de la organización criminal “Rich Port II″.
Así lo dispuso la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Margarita Salcedo, en una resolución que dispuso el enjuiciamiento de ambos exfuncionarios tras culminar la etapa de control de la acusación que presentó el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión.
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La jueza envió el expediente del caso a un Juzgado Penal Colegiado Nacional a fin de que fije la fecha y hora del inicio del juicio oral.
El Ministerio Público pidió 29 años de prisión efectiva contra el exburgomaestre del Callao, quien actualmente se encuentra recluido en el Penal de Ancón I. En tanto, sobre Albrecht pesa una orden de cárcel de 10 años y cuatro meses.
Para los 21 demás acusados la Fiscalía solicitó penas de entre 8 y 23 años de prisión.
Respecto a la reparación civil, la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos de Orden Interno del Ministerio del Interior pidió que los acusados paguen, en forma solidaria, la suma de S/4′995,778 por daño patrimonial al Estado y la suma de S/ 5′000,000 por daño extrapatrimonial al Estado.
También demandaron que los acusados por el delito de extorsión paguen en forma solidaria la suma de S/ 50,000 como reparación civil.
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¿Cuál era el modus operandi de la organización que lideró Sotomayor?
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización criminal “Rich Port 2″ intervino en la contratación de trabajadores fantasmas para diversas gerencias de la Municipalidad del Callao entre los años 2011 a enero del 2020.
Para dicho fin, sujetos de distintas zonas del Callao habrían conseguido a los supuestos trabajadores para cobrar las remuneraciones por ellos y habrían amenazado a los funcionarios que se oponían a este tipo de contrato o despedían a los locadores de servicios.
Además, a través de los regidores, la organización criminal habría ejercido un control político para proteger su modo de operar.
También se les atribuye la presunta extorsión a directivos de la Empresa de Servicios de Limpieza Pública del Callao (ESLIMP Callao).
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