El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el mismo megacaso de corrupción y la empresa peruana Obrainsa.
A través de un comunicado, el organismo liderado por la procuradora Silvana Carrión informó que la aprobación de dicho convenio judicial se produjo el pasado 15 de diciembre, cuando el juez Ubaldo Callo Deza, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, homologó el acuerdo.
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En el texto se precisa que la compañía y dos de sus ejecutivos reconocieron su culpabilidad por delitos de corrupción en 11 proyectos de infraestructura, así como brindaron valiosa información para los procesos penales en curso.
“La constructora también ha reconocido que, como integrante del denominado Club de la Construcción, participó en varios concursos y licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia”, añade el comunicado.
Precisamente, el exgerente general de Obrainsa, Elard Paul Tejeda Moscoso, ratificó en el juicio oral que afronta el expresidente Martín Vizcarra que le pagó alrededor de S/ 1′000,000 a cambio de “información privilegiada” para hacerse con el proyecto Lomas de Ilo. Esto es el 2% del monto total que significó la obra en mención.
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¿Cuánto dinero deberá pagar la constructora?
Por todo ello, la sentencia ordena a la constructora peruana a pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 81.8 millones en un plazo de 12 años. Se le sumarán los intereses legales que se pagarán en una cuota adicional.
“Este es el cuarto acuerdo con una empresa que ha sido aprobado por la justicia peruana, en el marco del caso Lava Jato. Con ello, el Estado empezará a cobrar la reparación civil de manera adelantada por los casos Lomas de Ilo y Club de la Construcción, que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, al mismo tiempo que los procesos se fortalecen”, indicó Carrión.
El convenio también establece la creación de un fideicomiso para garantizar el pago de las cuotas de reparación civil, el cual será administrado por Cofide o el Banco de la Nación.
También se incluye, además, una cláusula que le prohíbe a Obrainsa iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.
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