Poder Judicial admite a trámite apelación para anular archivo de pesquisa contra Ávalos

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE) con el que busca anular la resolución en la que se ordena archivar la investigación preparatoria seguida a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por archivar la pesquisa iniciada al expresidente Pedro Castillo.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por la defensa legal del Estado cumplió los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para su evaluación respectiva en última instancia por la Corte Suprema.

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En su demanda, la PGE pidió que se revoque la resolución que emitió dicho magistrado el pasado 23 de noviembre. En su fallo, declaró fundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó la defensa legal de Ávalos para que se ordenara el sobreseimiento o archivo de esta investigación.

Checkley, en su fallo de primera instancia, determinó que los hechos que se le imputaban a la exfiscal de la Nación no constituyen el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales que le atribuía el Ministerio Público.

La PGE solicitó que se declare nula dicha resolución a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento al respecto.

Ahora, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a cargo del juez César San Martín, deberá decidir si admite a trámite el recurso y programar una audiencia virtual para evaluarlo.

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¿De qué se le acusa a Zoraida Ávalos?

Ávalos fue investigada por haber suspendido las pesquisas que había iniciado su despacho contra Castillo hasta que culminara su mandato, en el año 2026, tras hacer una interpretación del artículo 117 de la Constitución. Dicha medida fue cuestionada en el Congreso y por diversos constitucionalistas.

Checkley ordenó el archivo de esta investigación preparatoria al determinar que no omitió ilegalmente acto alguno de su cargo en los hechos que se le imputan, ya que formuló, adoptó y siguió una línea de interpretación que siguieron sus predecesores sobre la aplicación del artículo 117 de la Constitución.

En junio pasado, el Pleno de Congreso aprobó inhabilitar a Ávalos por cinco años para ejercer cargo público por una presunta infracción constitucional a raíz de este caso. Esta sanción aún se encuentra vigente.

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